El Congreso vota más de un centenar de propuestas para terminar el debate

El PSOE presenta una propuesta sobre el modelo territorial y la reforma de la Constitución. En concreto, los socialistas intentarán que el Congreso afirme la necesidad de revisar el modelo territorial vigente "desde una perspectiva federal", delimitando las competencias del Estado y las comunidades autónomas y consagrando los "principios del sistema de financiación y los instrumentos concretos de cooperación y lealtad institucional".

El PSOE piden también la derogación de varias reformas que se han hecho estos tres años, entre la que destaca la reforma laboral, y se suman a la petición del resto de la oposición parlamentaria para proponer medidas contra la corrupción y el fraude fiscal.

El PP acoge las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy , como la ley de "segunda oportunidad" para facilitar la reestructuración de la deuda de familias y empresas o la exenciones fiscales para las empresas que hagan nuevos contratos indefinidos.

El grupo popular ha plasmado también en una de sus propuestas de resolución, el compromiso del presidente de exonerar a las personas físicas del pago de tasas judiciales en todos los órdenes e instancias judiciales. Además de otras medidas anunciadas por Rajoy encaminadas a agilizarla Justicia.

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) pide eliminar organismos "superfluos" como las diputaciones, fusiones de municipios, anule la figura del aforamiento para "acabar con los privilegios" y apruebe una reforma fiscal que rebaje el IRPF y el IVA, refuerce la lucha contra el fraude y garantice la independencia de la Agencia Tributaria.

El PNV y Amaiur han registrado sendas propuestas de resolución sobre el fin de ETA. Mientras que los nacionalistas plantean directamente que la Cámara exija a la banda su "desarme y disolución total", la coalición abertzale defiende la apertura de conversaciones que conduzcan a un pacto sobre el futuro de sus arsenales.

El grupo parlamentario de CiU someterá a votación una propuesta en la que exige al Gobierno que ponga fin a la filtraciones de documentos policiales, en muchos casos "falsos", que afectan a la "honorabilidad de las personas", así como a investigar y depurar responsabilidades por este tipo de prácticas.