En Comú propone publicar los datos de los gastos reservados a los diez años de su uso

Precisamente este miércoles el Congreso eligió a los diputados, uno por grupo, que podrán acceder a secretos oficiales y, por ende, formar parte de la comisión que controla los gastos reservados y que vigila al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Cada uno de esos diputados ha tenido que recabar el apoyo de al menos tres quintos de la cámara, lo que suman 210 diputados, y ello obliga a que los partidos se apoyen unos a otros.

En la iniciativa de En Comú Podem se empieza por eliminar ese requisito de los 210 votos del Pleno y se establece que la comisión de gastos reservados estará formada al menos por un diputado de cada grupo, sin precisar exigencias.

SUPRIMIR EL REQUISITO DE SUMAR 210 VOTOS

Además, señala que la también conocida como comisión de secretos oficiales deberá crearse en los 30 días hábiles posteriores a la investidura del Gobierno. El diputado Joan Mena, de En Comú, cree que no debería repetirse el hecho de haber pasado más de un año sin comisión de control de los gastos reservados.

A su juicio, los gastos reservados "se han usado como barra libre por parte de los diferentes gobiernos" y es necesario "democratizarlos" y "hacer más transparente su control".

En este sentido, la iniciativa de la formación catalana de Unidos Podemos regula también la desclasificación de esta información. En concreto, plantea que, pasados diez años, se puedan hacer públicos los datos de uso de gastos reservados.

EL SECRETISMO, UNA ANOMALÍA

"En países de nuestro entorno, por ejemplo en Reino Unido, Estados Unidos o Suecia, la legislación contempla la desclasificación sistemática de sus materias reservadas, también en el ámbito presupuestario, y España es una anomalía ya que el ordenamiento jurídico español blinda a perpetuidad todo lo relativo a los secretos oficiales, también los relativos a gastos reservados en materia presupuestaria", reza el texto recogido por Europa Press.

Para el diputado Joan Mena, de ICV, "la seguridad de Estado no puede ser un obstáculo para obstaculizar la transparencia".