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El Colegio de Abogados de Madrid reclama mayor presencia de la mujer en el Tribunal Constitucional

El Colegio de Abogados de Madrid ha reclamado este lunes mayor presencia de la mujer en todas las esferas jurídicas ya que considera que sigue siendo una "asignatura pendiente" y que se trata de una reivindicación social "innegable" que esta reclamación se convierta en una realidad aplicada.
Según explica en una nota, el Colegio de Abogados de Madrid ha enviado un escrito al presidente del Senado, Pío García Escudero, ante la próxima renovación de magistrados del Tribunal Constitucional, haciéndose eco del punto tercero de las conclusiones de la IV Cumbre de Mujeres Juristas en la que se hace una declaración en pro de la igualdad entre hombre y mujeres.
En este sentido, el Colegio le hace partícipe de esta inquietud y demanda de la Comunidad Jurídica de la Abogacía Madrileña que en los nombramientos futuros se dé efectivo cumplimiento. Según el texto de la Cumbre, la igualdad entre mujeres y hombres debe universalizarse al constituir un interés común de toda la sociedad.
"La creciente presencia de la mujer en el mundo jurídico, tanto en los despachos de abogados como en el ámbito judicial, determina su responsabilidad de impulsar los cambios y de seguir rompiendo las barreras aún existentes para lograr una sociedad realmente en igualdad a través de la defensa y de la aplicación del derecho", añade el escrito de conclusiones.
RENOVACIÓN DEL CONSTITUCIONAL
El Tribunal Constitucional ya solicitó el pasado verano al Senado que pusiera en marcha el proceso de designación de cuatro de sus magistrados que debe renovar la Cámara Alta --entre ellos el de su presidente Francisco Pérez de los Cobos-- porque su mandato concluía en diciembre, si bien el plazo de renovación se ha prorrogado hasta el 13 de enero.
Se trata de cuatro jueces elegidos en 2010 con tres años de retraso por el enfrentamiento entre PP y PSOE a propósito de la candidatura de Enrique López, defendida por el primer partido y rechazada por el segundo. Su mandato ha sido por tanto de seis años y no de nueve, como establece la Constitución.