Un inmigrante: "Estábamos fuera del agua y uno seguía disparando balas de goma"

En una entrevista de TV3 recogida y en la que no se le ve la cara, ha relatado que, cuando estaba dentro del agua, se dio cuenta de que la Guardia Civil comenzaba a disparar, y "todo el mundo se empezó a sumergir".

"Mientras intentaba nadar rápido hacia la costa, recibí el impacto de una bala de goma en la cabeza" --ha explicado--, y salió por la zona marroquí con la ayuda de la policía de ese país.

También ha dicho que, cuando todos ya estaban fuera del agua, la Guardia Civil continuó disparando desde un mirador: "Estamos muy decepcionados. Esto no es digno de los españoles".

Además, ha atribuido muchas de las muertes que se produjeron al lanzamiento de gas lacrimógeno por parte de la Benemérita: "Cuando lanzaron el gas, el 80% de los que estaban en el agua no pudieron salir".

"El gas lacrimógeno es lo que asfixió a los chicos, que no tenían la fuerza suficiente para salir del agua", ha concluido.

"Eran personas desvalidas"

El exmagistrado Baltasar Garzón ha considerado evidente este mismo viernes que la actuación de la Guardia Civil en la frontera con Ceuta ha incurrido en una "clara extralimitación".

"Eran personas desvalidas, y, si se acreditara que se han empleado medios disuasorios, como balas de goma y gases lacrimógenos sobre personas que era imposible que pudieran eludir ese impacto y los efectos, sería muy grave", ha dicho en declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, y ha recordado que varias organizaciones han planteado una querella judicial.

Garzón ha señalado que este caso exige una investigación, y que debería exigirla el propio ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, porque es "la única forma de que los ciudadanos estén tranquilos y sigan creyendo en la justicia".

Justicia universal

Precisamente, cree que el caso de Ceuta es uno de los que "se podría determinar que se pueden ver afectados" por la reforma del Gobierno de la justicia universal, una normativa que considera la mayor regresión en materia de jurisdicción universal y de protección de las víctimas frente a los crímenes más graves.

"Era innecesario, si no es por unos intereses ajenos a lo jurídico y a la protección de la víctima", según Garzón, que ha advertido de que los organismos internacionales están siendo muy claros sobre que España contraviene los convenios suscritos.