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Catalá firma convenios de colaboración con las doce comunidades con competencias en Justicia

Bravo denuncia la "infrafinanciación" en la gestión de medios materiales y humanos que llega a la Comunidad Valenciana
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha reunido este lunes con representantes de las doce comunidades autónomas que tienen transferida esta competencia, con los que ha firmado los convenios de colaboración para la distribución del crédito destinado a la reforma de la Administración de Justicia.
Tras el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 3 de junio por el que se distribuyó seis millones de euros para el Programa de Reforma de la Administración de Justicia entre las comunidades autónomas con traspaso de medios, el Ministerio ha procedido a ajustar las cantidades concedidas una vez recibidos los informes de ejecución financiera de cada una de ellas en el año 2015, han informado fuentes de este departamento
De las doce comunidades autónomas beneficiarias de este convenio, siete certifican la ausencia de remanente en el ejercicio anterior. Se trata de Cantabria, Cataluña, Galicia, La Rioja, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra y País Vasco.
Las cinco restantes (Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Canarias y Comunidad Valenciana) señalan la existencia de un remanente en el ejercicio 2015, por lo que se ha procedido a descontar esa cantidad del total atribuido en el Pleno de la Conferencia Sectorial del pasado 25 de febrero de 2016.
QUEJAS DE VALENCIA
Al término de la reunión la única que se ha mostrado crítica con la gestión de Rafael Catalá ha sido la consejera valenciana de Justicia, Gabriela Bravo, quien ha censurado la "infrafinanciación" en la gestión de medios materiales y humanos en comunidades como la suya.
A su juicio, si la justicia es un valor del Estado de Derecho, "cualquier gobierno debe ejercer un verdadero liderazgo", lo que pasa por que en los Presupuestos Generales del Estado ésta sea "una prioridad esencial, como la sanidad, la educación o los servicios sociales" y por impulsar reformar legislativas para que deje de ser "la gran asignatura pendiente" de la democracia
Las comunidades autónomas beneficiarias del crédito se han comprometido a destinar la cantidad percibida, entre otros proyectos, al impulso de las nuevas tecnologías que permitan avanzar hacia una Justicia digital, abierta e innovadora.
Así, entre los objetivos prioritarios de esta dotación económica se encuentran la digitalización de los procesos de tramitación y gestión procesal y su compatibilidad, de manera que se alcance la plena interoperabilidad; la conexión digital de las oficinas judiciales; la implementación de la Oficina Judicial y Fiscal en todo el territorio nacional; la mejora de los tiempos de resolución de los asuntos ingresados y el incremento de la seguridad jurídica necesaria para alcanzar mejoras en un servicio público de calidad, según ha informado Justicia.
Además, comunidades autónomas incluidas en el convenio se comprometen a informar al Ministerio de Justicia antes del 31 de marzo de 2017 del cumplimiento de los compromisos financieros asumidos.
EXAMEN DE ACCESO PARA ABOGADOS
Por otra parte, Catalá ha firmado este lunes otro acuerdo de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas de Galicia y Comunitat Valenciana para la realización de las pruebas de acceso a la profesión de abogado y procurador en las correspondientes lenguas cooficiales. En los próximos días este acuerdo será rubricado por el País Vasco y Cataluña.
El objeto del acuerdo es permitir que los exámenes de acceso a ambas profesiones puedan realizarse indistintamente en castellano y en aquella lengua española que sea cooficial en la comunidad autónoma de acuerdo con su Estatuto, en función de la libre decisión del aspirante, ha informado Justicia.
Para ello, los correspondientes departamentos de Justicia de las comunidades autónomas del País Vasco, Cataluña, Galicia y de la Comunidad Valenciana se comprometen a garantizar que los servicios de traducción dependientes de dichas administraciones se desplacen a la sede del Ministerio de Justicia para realizar la traducción de la prueba.
También deberán asumir el coste económico relacionado con la traducción a la correspondiente lengua cooficial, incluido el que se derive del desplazamiento del personal a la sede del Ministerio por el tiempo que sea necesario para proceder a la realización de la traducción del ejercicio en la correspondiente lengua cooficial.