Cargos del PDeCAT, Esquerra y En Comú acompañarán al alcalde de Tortosa hasta Fiscalía

La coordinadora general del PdeCAT, Marta Pascal, los portavoces de la formación en el Congreso y el Senado y otros cargos políticos de este partido y de Esquerra Republicana y en Comú Podem acompañarán este lunes al diputado de esta formación y alcalde de Tortoda (Tarragona) Ferran Bel hasta las puertas de la Fiscalía General del Estado, donde a las 17.00 horas se le ha citado para interrogarle en calidad de investigado en las diligencias abiertas sobre su adhesión al referéndum del 1 de octubre.

Según fuentes del Partido Demócrata Catalán, también está prevista la asistencia del portavoz en el Congreso del Partit Demòcrata, Carles Campuzano, así como el portavoz en el Senado, Josep Lluís Cleries; compañeros concejales, entre los cuales la diputada en el Parlament y teniente de alcalde, Meritxell Roigé, la presidenta del PDeCAT en las Terres de l'Ebre, Mònica Sales; diputados y senadores del PDeCAT y de otras formaciones políticas, y directores de servicios territoriales de la Generalitat en las Terres de l'Ebre.

A las 16:15h todos ellos saldrán a pie desde el Centro Cultural Blanquerna en la capital para dirigirse a pie hasta hasta la Fiscalía General del Estado, situada a unas cuantas manzanas en la calle Fortuny.

Igualmente diputados de en Comú Podem han anunciado que acompañarán a Bel, a igual que lo han hecho los parlamentarios de Esquerra Teresa Jordà y Joan Capdevila y los senadores Laura Castel y Miquel Aubà, estos últimos "por su compromiso con el referéndum del 1 de octubre".

Bel, que es aforado ante el Supremo dada su condición de parlamentario en el Congreso, había solicitado el retraso en su citación al coincidir la fijada inicialmente a las 12.00 horas de este lunes con la asistencia de su letrado a un juicio señalado con anterioridad, por lo que no podría acompañarle.

La inclusión de Bel en la investigación de la Fiscalía se produce junto a la del resto de alcaldes que han anunciado públicamente que colaborarán con la consulta que ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

En un mensaje en la red social Twitter, Bel señaló expresamente: "Como alcalde de Tortosa he firmado el decreto de apoyo al referéndum del 1-O convocado por el presidente Carles Puigdemont y su Gobierno".

NO CREE QUE HAYA DELINQUIDO

En declaraciones en el Congreso , Bel manifestó este miércoles que comparecerá pero no quiso adelantar el contenido de su declaración. Días atrás, nada más conocer la citación de la Fiscalía, declaró a Europa Press exigiría al fiscal del Supremo que le explicase "en qué ha delinquido" para haber sido citado en calidad de investigado.

La citación se ha producido después de que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dictara sendos oficios en los que ordena al fiscal superior de Cataluña y al fiscal jefe de la Sala de lo Penal del Supremo convocar a los alcaldes que han anunciado su apoyo al referéndum y que son aforados, tanto por su condición de parlamentarios regionales como, en el caso de Bel, de diputado.

El resto de los oficios reproducía lo señalado el miércoles en relación con otros alcaldes no aforados, aunque en el caso de estos últimos advertía expresamente de que en el caso de que no comparezcan cuando sean citados por los fiscales territoriales se ordenaría a los Mossos que lleven a cabo su detención.

El oficio relativo a Bel no advertía de su dada su condición de aforado, ya que no se le puede obligar si no es mediante un suplicatorio a las Cortes.

Los escritos del fiscal general ses referían a la web de la AMI y al hecho de que, paralelamente, el Govern continúe con los preparativos del "referéndum ilegal".

Para Maza, la notoriedad de la prohibición de la organización del referéndum hace que cualquier conducta de las autoridades, funcionarios públicos o particulares en connivencia con los anteriores dirigida a tal fin sea indiciariamente constitutiva de "al menos" y prevaricación "en cuanto supondría la adopción de resoluciones abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico", ambos penados con multa e inhabilitación especial, y también malversación de fondos públicos.