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La CUP llevará ante la Fiscalía y el Síndic de Greuges la manifestación policial en Barcelona

La CUP ha anunciado este miércoles que llevará a la Fiscalía contra los delitos de odio y al Síndic de Greuges (el defensor del pueblo catalán) la manifestación celebrada ayer en Barcelona por diferentes policías reclamando respeto institucional.
En su intervención en la comisión del Parlament para debatir el presupuesto de la Conselleria de Interior, la diputada de la CUP Mireia Vehí ha asegurado que era una manifestación de sindicatos "sectarios y marginales auspiciados por la extrema derecha".
Así se ha referido a la marcha protagoniza por agentes de los Mossos d'Esquadra, Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza, Guardia Urbana de Barcelona, Policía Portuaria y Vigilancia Aduanera para reclamar dignidad policial, respeto institucional, garantías jurídicas y más medidas de seguridad. Entre otras cuestiones criticaban el "acoso constante e impunidad delictiva por parte de miembros de la CUP".
En el marco del debate sobre las enmiendas a la totalidad presentadas por C's, PSC, SíQueEsPot y PP, la diputada Vehí ha reiterado que la CUP no está de acuerdo con la gestión política de los Mossos d'Esquadra y el modelo de seguridad, aunque finalmente ha permitido la aprobación de las cuentas pese a que le "sobran las razones" para enmendarlas.
La diputada de la CUP ha calificado de vergonzosas las intervenciones de algunos grupos parlamentarios sobre la manifestación, que fue secundada por unos 1.500 agentes, así como también ha criticado a los que no han hecho referencia a la misma.
El diputado del PP Albert Villagrasa ha asegurado en una intervención previa que sindicatos de los cuerpos policiales hicieron historia por salir a la calle para "pedir respeto a su trabajo y profesionalidad".
Horas antes, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha calificado de "llamada de atención" la manifestación y ha reclamado a los responsables políticos que "sepan canalizar esa demanda, que reflexionen sobre las circunstancias que puedan estar pasando". Así, ha dicho que se debe proceder con "prudencia", insistiendo en que son los tribunales los que deben dirimir un posible incumplimiento de la ley o si se ha inculcado algún derecho de los policías en cualquier parte del país.