Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

El CGPJ decide este miércoles si Velasco es ascendido y debe abandonar Lezo y Púnica el próximo 1 de junio

Belloch y el portavoz socialista de Justicia en el Congreso entre los aspirantes a la nueva Sala de apelaciones de la AN
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incluye en su orden del día de este miércoles la resolución del concurso de traslados que puede suponer la designación del instructor de los casos 'Lezo' y 'Púnica', Eloy Velasco, como nuevo miembro de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, que se encargará de revisar en segunda instancia las sentencias dictadas por este órgano. Velasco ha solicitado el ascenso junto a una veintena de magistrados, la mayoría de ellos también pertenecientes a este órgano.
De ser designado en el puesto, Velasco tendrá que abandonar el Juzgado Central de Instrucción número 6 -del que no es titular, ya que la plaza corresponde a Manuel García Castellón- y con ello la investigación de las citadas causas de corrupción, que aún están lejos de concluir y que afectan a cargos del PP.
También se han presentado a este puesto, entre otros. el exministro socialista Juan Alberto Belloch y el actual portavoz de Justicia en el Congreso Juan Carlos Campo, han informado a Europa Press fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Fuentes consultadas por Europa Press que es bastante probable que Velasco obtenga una de las dos plazas que se designan en esta nueva sala por ser un puesto que se alcanza por antigüedad y al haber superado su oposición como especialista en derecho penal.
CONCURSO RECURRIDO POR OTROS JUECES
En la misma situación por contar con la especialidad requerida en el concurso se encuentra Enrique López, miembro de la Sala de lo Penal y exmagistrado del Tribunal Constitucional, que podría ser el segundo juez designado por el CGPJ para la nueva sala de apelaciones.
Se da la circunstancia de que otros aspirantes no consideran ajustados a derecho los requisitos del concurso, por lo que han recurrido el acuerdo de la convocatoria. Se trata de los también jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Ángel Hurtado, José Ricardo de Prada, Manuela Fernández de Prado, Ramón Sáez y Clara Bayarri, si bien su impugnación no retrasa la elección prevista para este miércoles.
Su recurso se tramita de forma independiente y la decisión que adopte la Comisión Permanente es ejecutiva, por lo que los designados comenzarán a trabajar en su nuevo destino el 1 de junio, han señalado las mimas fuentes.
En el caso de que Velasco sea nombrado para la sala de apelaciones el CGPJ existen diferentes opciones para cubrir el puesto en el Juzgado Central de Instrucción número 6. Se podría designar a un sustituto en comisión de servicios -ya se ha hecho en ocasiones similares de vacante- mientras se convoca la plaza, que se obtiene por antigüedad.
EL PRESIDENTE SERÁ ELEGIDO POR MÉRITO
Entre la veintena de aspirantes se encuentran una decena de jueces que ya prestan sus servicios en la Audiencia Nacional, según las mismas fuentes. La sala contará con dos magistrados más la Presidencia, que se convoca aparte porque dicho cargo sí será de carácter discrecional en función de lo principios de mérito y capacidad, y los candidatos tendrán que pasar por el trámite de entrevista por los vocales de la Comisión Permanente, igual que ocurre con otros altos cargos judiciales.
La creación de la nueva sala de apelaciones viene obligada por numerosas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que advierten de la inexistencia en España de una segunda instancia penal efectiva. Par el órgano europeo la no existencia de esta segunda instancia conculca derechos fundamentales, la revisión en casación no cumple con los requisitos legales para ello, puesto que no permite una nueva revisión de las pruebas.