La juez del caso Aznalcóllar investiga los correos de la viceconsejera de Empleo de Andalucía y del interventor

Inicialmente, la instructora también acordó requerir información sobre el correo del consejero, José Sánchez Maldonado

El consejero remitió un escrito a la juez dando cuenta de su condición de aforado por ser parlamentario andaluz

La juez de Sevilla que investiga la adjudicación por parte de la Junta de Andalucía a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analice el contenido de una veintena de cuentas de correo electrónico intervenidas por orden judicial, y entre las que se encuentra la de la viceconsejera de Empleo, Empresa y Comercio, María José Asensio.

En un auto fechado el 9 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez de Instrucción número 3 recuerda que fue el 17 de enero cuando autorizó la obtención y el volcado de los correos electrónicos que constaran almacenados en el servidor informático de la Junta relativos a las cuentas de correo corporativo asignadas a las personas señaladas en dicha resolución, "y siempre respecto de materias y datos de relevancia" para la investigación.

Tras ello, y después de personarse el 23 de enero en la sede de la Consejería, la UCO elevó un oficio al Juzgado informando de las circunstancias "completas" acontecidas en relación a la obtención de los correos interesados, fechados entre los años 2013 y 2016, adjuntando el material obtenido.

Una vez recibido este oficio, la instructora ha dictado un auto en el que autoriza a la UCO "al volcado y estudio, única y exclusivamente, de aquellos pasajes de los correos que, encontrándose directamente relacionados con el objeto de la presente investigación, con exclusión por tanto de cualquier comunicación relativa a la defensa jurídica de los implicados en esta causa, resulten relevantes para el avance y completo esclarecimiento de los hechos que aquí se investigan y que puedan figurar" en una veintena de direcciones de correo electrónico.

Entre estas cuentas, se encuentran la de María José Asensio; la de su antecesor en la Consejería, Luis Nieto, y la del interventor general de la Junta y ex secretario general de Industria, Energía y Minas, Vicente Fernández, mientras que el resto de correos intervenidos pertenecen a los miembros de la Mesa y de la Comisión Técnica del concurso.

INCLUYÓ INICIALMENTE AL CONSEJERO DE EMPLEO

Fue el pasado 17 de enero cuando la juez dictó un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que acordó expedir un mandamiento dirigido a la Junta a fin de que de "forma inmediata, sin dilación alguna y en el mismo momento de su presentación, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia", hiciera entrega a la UCO de una copia de todos los correos electrónicos almacenados en los servidores informáticos relativos a las cuentas asignadas de manera personal a las personas referidas.

La juez, que decretó la apertura de una pieza secreta y separada de la investigación matriz, ponía de manifiesto en este auto que, "además del suministro de la información requerida, deberá comprender también a los responsables de la Consejería" de Empleo, y en concreto al consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado --que es aforado dada su condición de parlamentario andaluz--, el viceconsejero, Luis Nieto, y el secretario general de la Consejería en aquella fecha, Vicente Fernández.

Al hilo, la magistrada justificó esta medida "a fin de poder ascender, del estadio de las meras sospechas al de las confirmaciones sobre la realidad o no de determinadas afirmaciones de las que se han venido haciendo hasta la fecha", añadiendo que el acceso al contenido de estos mensajes "se reputa imprescindible y necesario dado el estado actual de la presente investigación".

"INDICACIÓN INSTITUCIONAL"

La instructora considera "imprescindible el revelar si hubiera habido o no algún tipo de apoyo o indicación institucional desde la administración autonómica, paralelo a las negociaciones previas y al discurrir posterior del concurso", de ahí que "se justifique la injerencia que la autorización de esta medida pueda suponer en el derecho fundamental de secreto a las comunicaciones".

Todo ello "sin perder de vista que se trata de correos corporativos adscritos al desarrollo de una labor profesional y, en principio, no idóneos para el mantenimiento de conversaciones privadas, todo ello sin perjuicio de que el informe que por la fuerza actuante se haga tras el rastreo y estudio de los mismos, se ciña única y exclusivamente a los aspectos que puedan ser relevantes para la presente causa", precisa.

En este auto de 17 de enero, la magistrada añade que, "desde un principio, se viene señalando en la presente causa las estrechas relaciones que pudieran existir entre el grupo de empresas vinculado a la familia López Magdaleno y la administración andaluza y, en particular, con responsables de la Consejería de donde emana el concurso público objeto de esta investigación, cargos que ocupaban en ese momento José Sánchez Maldonado como consejero y Luis Nieto como viceconsejero".

"RECOPILACIÓN MASIVA E INDISCRIMINADA"

En un escrito elevado al Juzgado, consultado por Europa Press, el consejero de Empleo, José Sánchez Maldonado, da cuenta de que el 23 de enero se personaron en la Consejería agentes de la UCO "con objeto de hacerme entrega de un mandamiento judicial", no obstante lo cual, y dada su ausencia en ese momento, el mandamiento fue entregado a la viceconsejera, advirtiendo los agentes de que el citado mandamiento "respondía a una investigación secreta".

En este sentido, expone que, "sin entrar en este momento en la legalidad de un mandamiento determinante de una recopilación masiva e indiscriminada, incluso temporalmente, de comunicaciones electrónicas, en su contraste con los derechos fundamentales, ruego ponga fin a cualquier medida limitativa de los citados derechos fundamentales en el seno de una causa penal respecto de personas que gozan de fuero por razón de su cargo".

"Por tanto, en caso de que el mandamiento ordene la entrega de las comunicaciones telemáticas remitidas o destinadas a mí, solicito que tal mandamiento sea revocado inmediatamente al objeto de garantizar el cumplimiento por el Juzgado de los mandatos constitucionales y legales, poniendo fin a sus efectos", dice el consejero en su escrito, donde denuncia que se trata de una actividad "prospectiva" al referirse "de forma indiscriminada y masiva a todas las comunicaciones de funcionarios y altos cargos, alguno no perteneciente a esta Consejería".

El consejero añade que el correo "es instrumento habitual para comunicar, debatir y deliberar legítimamente aspectos no afectados" por la investigación de la mina, de manera que "esta actividad de investigación masiva e indiscriminada que ampara el conocimiento masivo e indiscriminado del conjunto de decisiones, pensamientos y reflexiones, legítimanente atribuidas al Poder Ejecutivo de acuerdo con la Constitución y el Estatuto de Autonomía", puede ocasionar "un grave perjuicio a los intereses generales sujetos a su tutela".

Por todo ello, solicitó a la juez que "adopte las medidas necesarias para evitar esta ilegítima invasión" y evitar, al mismo tiempo, que la UCO "obtenga comunicaciones que en nada atañen al proceso de adjudicación de la mina".

En el auto de 9 de febrero, donde la juez excluye de los correos a investigar el relativo al consejero, la instructora argumenta que "en modo alguno debe sostenerse que la medida de investigación" acordada "suponga una injerencia en el ámbito de la intimidad", ya que "única y exclusivamente se trata de acceder al contenido de aquellos pasajes de los correos directamente relacionados" con la causa.

Además, se trata de correos corporativos "estrictamente vinculados al ámbito profesional, ajenos por tanto a cualquier ámbito o aspecto de intimidad personal".