Asociaciones de víctimas critican la salida de prisión de la etarra Sara Majarenas para cuidar de su hija de tres años

"Instituciones penitenciarias y el juez más preocupados por los terroristas que por sus víctimas", ha sido la reacción de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) compartida desde su cuenta oficial de Twitter tras conocer la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria, que ha justificado "dadas las excepcionales circunstancias" de la menor, que fue herida de gravedad con un cuchillo por su padre.

La Audiencia Nacional ha autorizado finalmente este jueves la salida de prisión de Majarenas, que formó parte del 'comando Levante' de ETA. De no haberse adoptado esta decisión, la menor, que ha cumplido tres años, no podría haber seguido conviviendo en la prisión con su madre de acuerdo al régimen penitenciario.

"Lastima que tengamos que ver cesiones a terroristas cuando no tuvieron ninguna humanidad con los nuestros. ¿Que les deben?", ha sido el mensaje de la Asociacion Plataforma de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (APAVT) en Twitter. Su presidente, Miguel Folguera, ha lamentado en esta red social que continúen "los beneficios a los terroristas", y ha rubricado su mensaje con la palabra "vergüenza".

La expresidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, también en Twitter, ha apelado directamente al Ministerio del Interior. "¿No tiene nada que decirnos a las víctimas?", escribe Pedraza tras criticar que "la terrorista" pueda "vivir con su hija de nuestros impuestos". En otro mensaje, considera la noticia "una verguenza más y otro golpe a las victimas".

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró este pasado miércoles en el Senado que su Departamento trabajaba "desde el primer día" para que Majarenas y su hija "puedan estar juntas", una situación que "no es fácil" porque antes se deben adoptar una serie de "prevenciones" debido a la violencia demostrada por la pareja de la presa de ETA.

La etarra Majarenas fue detenida en 2005 y cumplía pena en la cárcel valenciana de Picassent tras ser condenada a 13 años y diez meses de prisión por ser miembro del 'comando Levante' de ETA, acusada de los delitos de integración en organización terrorista, falsedad documental y tenencia ilícita de armas.