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La Fiscalía se opone a la libertad de Granados y reitera que no hubo "detención ilegal"

El juez niega la libertad a GranadosEFE

Las fiscales Anticorrupción Carmen García y María Teresa Gálvez se han opuesto a la petición de libertad planteada por la defensa del exsecretario general del Partido Popular (PP) Francisco Granados, imputado por formar parte de la red de corrupción 'Púnica', y han subrayado que en ningún momento fue objeto de una "detención ilegal", informaron fuentes jurídicas.

En una vista celebrada en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), las representantes del Ministerio Público han pedido a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal que confirmen la situación de prisión provisional incondicional que dictó el juez Eloy Velasco el pasado 31 de octubre tanto para Granados como para Pedro García, director comercial de Cofely, la empresa a la que se atribuye el pago de comisiones ilegales.
Las fiscales, que han pedido la desestimación del recurso de apelación presentado por el abogado de Granados, el exfiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina contra el auto de prisión, han sostenido que la detención de Granados primero fue "policial" y después "judicial", por lo que "en todo momento" se respetaron los plazos establecidos por la ley.
Horas antes de comparecer ante el juez Velasco, la defensa de Granados pidió su "inmediata puesta en libertad" a través del procedimiento del 'habeas corpus', al considerar "ilegal" la prórroga de 72 horas que el magistrado había dictado tras el primer plazo de 48 horas que transcurrió desde su detención.
"No es el momento adecuado"
Además, las fiscales han argumentado que no es el "momento adecuado" para que Granados y García salgan de prisión porque la investigación no ha avanzado lo suficiente y actualmente se está procediendo a la toma de declaración de testigos y el estudio de la documentación que fue incautada durante los registros.
Granados, imputado por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y fraude, fue enviado a prisión junto al empresario de la construcción y supuesto cabecilla de la red, David Marjaliza, a quien se le atribuyen todos estos delitos más los de utilización de información confidencial y falsificación documental.
El juez Eloy Velasco detallaba que el exnúmero dos del PP madrileño es "titular de algunas de las cuentas de las que las autoridades suizas han informado que existe sospecha de blanqueo de capitales agravado".
Tráfico de influencias
De igual modo, el juez consideraba que existen indicios de que "a lo largo de su carrera pública" el también exalcalde de Valdemoro habría beneficiado a Marjaliza y a otros empresarios como José Luis Huerta "en materia de contratación pública y urbanismo", de forma que tomó parte en "una red de tráfico de influencias que ha utilizado también en beneficio propio".
La investigación, además, ha identificado diversas operaciones inmobiliarias que se sospecha que podrían haberse presentado como "contraprestación" de los empresarios beneficiados a cambio de las labores que habría desarrollado el exdirigente 'popular'.
Granados, que declaró durante dos horas y veinte minutos, negó el cobro de comisiones ilegales a cambio de haber mediado en la adjudicación de contratos públicos y aseguró que la cuenta de Suiza que se le atribuye es en realidad de Marjaliza, quien se acogió a la amnistía fiscal, según fuentes de la defensa del exdirigente 'popular'.