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Gallardón: "Me da igual que sea burka o un casco de moto, no puede estar autorizado"

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado que en la regulación del uso del burka hay que analizar tanto los derechos de la mujer como la seguridad al haber situaciones en la que el ciudadano tiene la obligación de identificarse. "Cuando tal cosa ocurra, está claro que me da igual que sea el burka como un casco integral de moto, evidentemente no podrán estar autorizados por las autoridades", ha advertido.

Tras reunirse con su homóloga francesa, Christiane Taubira, Gallardón ha sido preguntado si la regulación del país vecino es trasladable a España, después de que su compañero de Interior, Jorge Fernández Díaz, haya abierto la puerta a regular la prohibición del burka en espacios públicos en el marco de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.
Gallardón ha subrayado que es conveniente analizar dos parámetros a la hora de estudiar la aplicación de cualquier medida sobre esta cuestión y ha avisado de que el "primero y más importante" radica en que se garanticen los derechos de la mujer.
Reflexión del legislador
"Si se llega a una conclusión razonable y meditada de que la imposición de determinadas prendas de vestir significa una limitación de los derechos de la mujer, debe ser objeto de reflexión por parte del legislador", ha indicado.
La segunda, según ha dicho, se refiere "estrictamente" a materia de seguridad y no afecta "única y exclusivamente" al burka. En este sentido, ha señalado que son "numerosas" las situaciones en que los ciudadanos tienen la obligación de identificarse por existir un riesgo.
"Donde tal cosa ocurra, esta claro que me da igual que sea el burka como un casco integral de una moto, evidentemente no podrán estar autorizados por las autoridades", ha zanjado.
Al ser preguntado si España podría aplicar medidas como las de Reino Unido para impedir el regreso de yihadistas, Gallardón ha respondido que hay medidas cautelares que se pueden aplicar en frontera a extranjeros pero no a nuestros nacionales y ha recalcado que la seguridad de los españoles queda garantizada con políticas de prevención y siempre que haya indicios fundados de criminalidad.