Abogacía de la Comunidad de Madrid dice que hubo "seguimientos" en la época de Aguirre y pide que se celebre el juicio

Los abogados de la Comunidad de Madrid han presentado en el Juzgado que instruye el denominado caso de los Espías un escrito en el que se solicita la apertura de juicio oral contra los imputados al considerar acreditado que hubo vigilancias de personas vinculadas al Gobierno regional durante los meses de marzo a mayo de 2008, época en la que el ejecutivo autonómico estaba en manos de Esperanza Aguirre.

Así consta en las calificaciones provisionales, a las que tuvo acceso Europa Press, de cara a la celebración de un juicio. Aunque no se ha dictado aún la apertura de juicio oral, la ley que regula las causas que se enjuiciarán por Jurado Popular establece un plazo previo para la presentación de los escritos de acusación.

El escrito, que llega después de que la Audiencia de Madrid haya ordenado hasta en tres ocasiones la reapertura del proceso a instancias del PSOE, se presenta después de que la juez Carmen Valcarce, instructora del caso, diera traslado a las partes para que emitieran sus escritos respecto a la apertura de juicio oral.

En el documento, el letrado de la Comunidad de Madrid solicita la apertura de juicio oral y formula escrito de acusación contra los seis investigados, entre ellos el entonces director de Seguridad de Madrid Sergio Gamón, y su 'número dos', Miguel Castaño Grande. Además, formula acusación contra tres guardias civiles implicados en el caso y un funcionario regional.

En el relato de los hechos que hace la Abogacía en su escrito, según adelantó 'La Cadena Ser', se expone que "ha quedado acreditado" a través de las diligencias practicadas que durante los meses de marzo a mayo de 2008 "se llevó a cabo una actividad por parte de personas vinculadas a la Administración regional de la Comunidad de Madrid que se separó objetivamente de las legítimas atribuciones y competencias que les correspondía con ocasión de sus cargos".

"Estas personas desarrollaron la actividad anómala en el marco de la entonces Dirección de Seguridad de la Comunidad de Madrid", destaca el escrito, que apunta a continuación que Gamón y su segundo "encomendaron u ordenaron la realización de intervenciones o actividades ajenas al desempeño normal de sus respectivos puestos a los subordinados de la referida área administrativa".

Así, detalla que esto consistió en "tareas de seguimiento y control de personas que ostentaban cargos públicos en diferentes Administraciones". "Para el ejercicio ordinario de sus funciones profesionales y en el contexto de su desempeño leal y ajustado a los fines propios de sus ocupaciones, la Comunidad de Madrid dispuso teléfonos móviles corporativos y vehículos oficiales", añade el texto.

Seguidamente, el letrado de la Abogacía de la Comunidad de Madrid destaca que tales medios "no fueron aplicados legalmente y con ocasión de sus legales funciones por ahora los acusados". Y recalca que Gamón ordenó realizar las "actividades anómalas" implicando necesariamente para ello "el uso indebido de los efectos facilitados por la Administración regional.

Para esta parte, que ejerce como acusación particular como afectado, los hechos son constitutivos de un delito de malversación de uso de caudales públicos. Para Gamón se pide una multa de 18.000 euros y tres años de cárcel, al igual que para su 'número dos'. Además, se solicita una multa de 1.800 euros y un año de cárcel para el resto de acusados.

MALVERSACIÓN DE FONDOS

Este procedimiento se ha llegado a archivar hasta en tres ocasiones. La causa arrancó en mayo de 2009, cuando la juez incoó unas diligencias previas por un presunto delito de malversación de fondos públicos en relación con la denuncia presentada por el exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo el 29 de febrero de 2009.

La entonces 'mano derecha' de Alberto Ruiz-Gallardón denunció haber sido víctima de vigilancias entre abril y mayo de 2008. En las diligencias se sumó la denuncia presentada por el ex consejero Alfredo Prada ante la Fiscalía de Madrid.

Los seguimientos en los que aparecen las notas manuscritas sobre matrículas corresponden a las contravigilancias realizadas sobre Prada en mayo de 2008 en Chinchón, donde tuvo una reunión con su equipo, y el 23 de mayo a Brea del Tajo.