La AUGC denuncia el "destierro" desde Cádiz a Cataluña de dos agentes que declararon en un juicio contra sus mandos

La AUGC ha denunciado esta "desproporcionada sanción", que ha comparado con un "castigo medieval", y que afecta no sólo a dos compañeros --otros dos están pendientes de que se les comunique el nuevo destino-- sino a sus respectivas familias, con niños escolarizados y en algunos casos menores de edad, incluyendo uno de diez años y con autismo diagnosticado.

Se trata de un cambio de destino forzoso que ha merecido una respuesta articulada por parte de la plataforma 'No + Silencio', a la que se han sumado las mujeres de los cuatro guardias expedientados ejerciendo de portavoces para vencer las dificultades que tenían sus maridos de manifestarse, de acuerdo al régimen de disciplina del Instituto Armado.

El origen del expediente se remonta a diciembre de 2014, cuando los cuatro guardias civiles prestaron testimonio voluntario ante un juez en un conflicto entre la AUGC y dos mandos de los cuarteles de Arcos de la Frontera y Ubrique, ambos en la Sierra de Cádiz. Esta asociación relacionaba a dichos responsables del Instituto Armado con una situación de acoso laboral en sendos acuartelamientos.

Como consecuencia de esta situación se encuentran de baja en la actualidad quince guardias civiles destinados en Arcos de la Frontera y Ubrique, según ha explicado la AUGC, que ha añadido que se está a la espera de conocer la resolución de los más de veinte expedientes abiertos contra trabajadores de estos puestos.

La AUGC culpa directamente al director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, de "expulsar de sus hogares" a estos agentes y sus familias. Una situación "con tintes surrealistas" para un compañero destinado en Ubrique que se encuentra en situación de baja psicológica y para el que, debido a lo anterior, se le ha planteado la posibilidad de continuar residiendo temporalmente con su familia en el pabellón que ocupa actualmente.