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El sector remolachero de CyL, a excepción de UCCL, se une en contra del impuesto al azúcar

Reclaman que si finalmente se aplica, los beneficios repercutan de nuevo en el sector
La Junta de Castilla y León, las organizaciones agrarias UPA-COAG y Asaja, la unión de cooperativas Urcacyl, la Confederación de Organizaciones Empresariales (Cecale) y las industrias Acor y Azucarera han suscrito este martes el manifiesto en contra de la propuesta del Gobierno de España de implantar un impuesto especial sobre las bebidas carbonatadas azucaradas, ya que como ha advertido la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, supondría un "torpedo en la línea de flotación" del sector.
Los firmantes han comparecido ante los medios de comunicación después de rubricar el documento que se ha acordado a penas diez días después de que el ministro de Hacienda, el 'popular' Cristóbal Montoro, anunciara la propuesta de establecer un impuesto sobre las bebidas carbonatadas y azucaradas que pretendería recaudar hasta 200 millones de euros anuales y a la vez ser un instrumento de lucha contra la obesidad y los problemas de salud relacionados con la alimentación.
Milagros Marcos ha subrayado que la aplicación de este impuesto supondría "un torpedo en la línea de flotación" del sector remolachero pues el actual es un momento "clave" debido a los cambios en la OCM del azúcar, que implicará la desaparición en 2017 de las cuotas de producción, lo que puede ser "una buena oportunidad para reforzar el sector" pero se teme que con la implantación del tributo se perdería la oportunidad de ser más competitivo.
Así, se teme que un nuevo impuesto sobre el azúcar implique menores ventas para las empresas que elaboran las bebidas carbonatadas y que ello termine por repercutir en un descenso del precio que pagan a los productores o en que acudan a comprar la materia prima en otros mercados europeos donde sea más barato.
Por todo ello, la Junta de Castilla y León trasladará al Gobierno de la Nación el manifiesto recién firmado, con el que se busca defender un sector "fundamental" para la economía regional, ya que como ha recordado la consejera, de él dependen 6.000 agricultores que cultivan 32.000 hectáreas de remolacha azucarera así como 1.300 personas que trabajan indirectamente y otras 1.500 de manera indirecta en las cuatro plantas industriales ubicadas en la Comunidad --el 80 por ciento de las que existen en todo el país--.
La afección que puede tener el impuesto en el sector remolachero regional la ha cuantificado también la consejera, pues ha apuntado que según los datos aproximadamente entre el 15 ó el 20 por ciento de la producción de azúcar se destina a las bebidas carbonatadas. Al tiempo que ha advertido de que "no sólo" estos productos llevan azúcar, por lo que se teme que después de ellos se busque gravar a otros como los zumos o la bollería.
El manifiesto pone en duda las verdaderas intenciones de este impuesto, de modo que consideran que si se busca evitar el consumo abusivo de alimentos con azúcar "hay otras opciones", como tratar de modificar los hábitos de sedentarismo entre los niños, que se suele señalar como una de las principales causas de la obesidad infantil. "No es entendible que una medida recaudatoria sea la única vía para conseguir la reducción de consumos abusivos", recalca el comunicado.
ACUSACIONES A MONTORO
"El Gobierno no pone la medida para cuidar la salud, sino para recaudar dinero a costa de un sector que ya ha sido muy perjudicado", ha aseverado el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, quien ha ejemplificado el caso en que "el esfuerzo que ha hecho el sector" para adaptarse a las reformas del mercado "se lo quiere llevar ahora Montoro".
En este sentido, la presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE), Ángela de Miguel, ha considerado que este tipo de impuestos "suelen" concluir a medio o largo plazo con un impacto negativo en el consumo, lo que implicará "menos recaudación y cierre de empresas". "Se busca mejorar el déficit, pero al final se va a empeorar la economía", ha aventurado.
De este modo, el manifiesto reclama un estudio del impacto económico que producirá en el sector remolachero-azucarero y en el empleo y, con ello, la recaudación que se obtenga con el futuro impuesto pueda compensar las pérdidas que va a provocar a la industria y a los productores.
En todo caso, Milagros Marcos espera que este posicionamiento casi mayoritario de Castilla y León en contra del impuesto sea clave para que el Gobierno reconsidere la decisión o bien revierta en el sector los beneficios obtenidos con el impuesto.
MESA DEL AZÚCAR
Más allá del manifiesto, ha explicado Marcos, la próxima semana se constituirá la Mesa del Azúcar, de la que formarán parte representantes de las organizaciones agrarias, las cooperativas y la industria, y en ella se llevará a cabo un seguimiento del desarrollo del Decreto Ley que ha presentado el Gobierno.
En cuanto a las ausencias en esta firma, como las de UCCL y los sindicatos mayoritarios a quienes se ofreció participar, la consejera ha reflexionado que cada organización "apoya a los sectores que considera", al tiempo que ha aseverado que en la firma están quienes respaldan a los productores de remolacha de azúcar.
Por otro lado, el consejero delegado de Azucarera Ibérica, Juan Luis Rivero, ha alertado del "daño que se hace a la imagen" del producto con las declaraciones realizadas por el ministro de Hacienda, al tiempo que ha manifestado que el sector está dispuesto a colaborar en las medidas que apoyen un estilo de vida saludable para frenar la obesidad.