Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

La Unión de Contribuyentes lamenta que el Gobierno haya optado por trasladar al contribuyente todo el ajuste

La Unión de Contribuyentes (UC) ha valorado "muy negativamente" las nuevas medidas del gobierno en materia tributaria, que implican a su juico "un importante recrudecimiento de la exacción fiscal a los ciudadanos y a las empresas, junto a una considerable pérdida de libertad para todos los contribuyentes".
La UC critica que el Gobierno del PP, "con la colaboración necesaria del PSOE y de Ciudadanos", ha optado por trasladar a los contribuyentes la totalidad del ajuste necesario para cumplir con las exigencias de la Unión Europea.
En su opinión, había una opción "más justa y mucho menos nociva" para todos que consistía en realizar el ajuste por el lado del gasto, y particularmente suprimiendo o enajenando agencias, organismos y empresas de titularidad pública.
"Sin embargo el gobierno Rajoy, con Cristóbal Montoro reconfirmado en su papel de azote de los contribuyentes, ha optado por aumentar la recaudación a expensas de todos e incrementar hasta extremos inauditos la caza de brujas contra empresas y particulares por viás telemáticas", denuncia.
Así, estima que aunque el Impuesto de Sociedades sea el tributo menos impopular, su incremento por la vía de la eliminación de deducciones perjudica a todos, porque obliga a las empresas a encarecer sus productos y servicios, reducir sus compras a proveedores (dañando así a infinidad de pymes y autónomos) y frenar su contratación "en un país tan necesitado de crear puestos de trabajo".
Además, considera que subir las cotizaciones que pesan sobre la contratación "es una medida suicida que nos impedirá salir del pozo de desempleo masivo en el que estamos inmersos".
DAÑOS DE LA SUBIDA DE IMPUESTOS ESPECIALES
Paralelamente, indica que la subida de los impuestos especiales afecta directamente a millones de personas y perjudica notablemente a varios sectores productivos, "pero además limita la libertad personal al inmiscuirse en las decisiones de consumo de los ciudadanos". "En particular, gravar de forma especial las bebidas azucaradas daña a sus productores pero también a la hostelería y al sector azucarero, y constituye una injerencia ilegítima del Estado en la libertad de los consumidores", agrega.
La UC califica la implantación del "insidioso" sistema de Suministro Inmediato de Información -para informar del IVA en tiempo real- como "un golpe sin precedentes" a las libertades, y estima que la reducción a 1.000 euros del tope a los pagos en efectivo, lejos de combatir la delincuencia, "agrede a los autónomos y a las micropymes _haciendo peligrar una parte de la actividad económica del empleo o autoempleo en determinados sectores_, así como a infinidad de consumidores pertenecientes a los segmentos de renta más baja".
La Unión de Contribuyentes expresa su temor por la deriva que cabe esperar en los meses inmediatamente posteriores, habida cuenta del aumento del techo de gasto autonómico "y de la nula voluntad de recortes en las restantes administraciones públicas".
"El Gobierno se ha quitado definitivamente la careta y Mariano Rajoy aparece ante los contribuyentes como su enemigo declarado", ha declarado Juan Pina, presidente de la Unión de Contribuyentes.
"Este Gobierno, responsable en los años anteriores de la mayor subida de impuestos de nuestra democracia, parece decidido a seguir asfixiando a los contribuyentes sin importarle el sufrimiento generalizado ni la pérdida de riqueza y empleos que sin duda provocarán las medidas adoptadas", ha manifestado, añadiendo que "la obsesión enfermiza de Cristóbal Montoro con el control de las transacciones de los ciudadanos revela una mentalidad autoritaria digna del Gran Hermano de la novela 1984 de George Orwell".
"La transparencia que debemos exigir es la de la Administración ante nosotros, los contribuyentes que la costeamos, y no a la inversa", ha concluido.