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UGT exige al Gobierno una política que fomente la vivienda pública, la rehabilitación y el alquiler social

UGT ha exigido al Gobierno una política en materia inmobiliaria que apueste por la vivienda pública, la rehabilitación y el alquiler social, ya que considera que los Presupuestos tienen un "escaso" interés en el fomento de la vivienda pública.
Para el sindicato, es necesaria una reforma legislativa que impulse el plan de vivienda para mejorar estos tres ámbitos y convertir así a la vivienda en un derecho subjetivo de cualquier ciudadano y no un "artículo de lujo" con el que poder especular.
UGT ha subrayado que es "imprescindible" aplicar una política con suficiencia presupuestaria que impulse un nuevo plan de vivienda que integre medidas como la creación de un parque público de viviendas, que incorpore parte de los activos procedentes de la Sareb y de las viviendas provenientes de los desahucios que estén en manos de los bancos.
Además, cree que este plan debe reducir el tiempo de tramitación en la concesión de vivienda o ayudas públicas, disminuir los precios de la vivienda protegida y unificar a nivel nacional los requisitos y documentación exigibles en la tramitación de las acciones de los planes.
Por otro lado, UGT apuesta por modificar la ley hipotecaria para trasponer los derechos que ofrece el ordenamiento de la Comisión Europea y que convierte a los españoles en "ciudadanos de segunda".
El sindicato ha denunciado el recorte del 20,54% en la partida de vivienda que se ha realizado en los Presupuestos para 2017 y el escaso efecto del Plan de Vivienda 2013-2016, que ha sido prorrogado para 2017, ya que no se ha traducido en un incremento del empleo en la construcción ni en la obra pública o en las viviendas de protección oficial.
UGT también propone desarrollar actuaciones que propicien la construcción de parques públicos de alquiler social, recuperar la financiación y las ayudas dedicadas a vivienda, especialmente las destinadas a familias, y abordar un "verdadero" plan de rehabilitación desde una perspectiva estatal en materia de viviendas, edificios, barrios o zonas "especialmente degradadas".