Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

La UE aprueba las nuevas normas para liberalizar el sector ferroviario

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este miércoles su visto bueno al acuerdo logrado entre los negociadores de las instituciones europeas para cerrar el cuarto paquete ferroviario, que supondrá la liberalización de los mercados nacionales del transporte ferroviario de viajeros y la independencia de los gestores de las infraestructuras.
Las compañías ferroviarias podrán ofrecer nuevos servicios comerciales en líneas nacionales a partir del 14 de diciembre de 2020.
El objetivo es impulsar la inversión y el desarrollo de nuevos servicios comerciales, con nuevas normas en materia de contratación pública para que el modelo de licitación abierta, "accesible a todos los operadores de la UE", se convierta en el modelo "estándar" en las adjudicaciones de los Estados miembros en 2023.
Este tipo de contratos representan unos dos tercios de los servicios de pasajeros de la Unión Europea, según datos ofrecidos por la Eurocámara, por lo que los colegisladores esperan que su licitación pública lleve a las empresas en centrar los esfuerzos en la atención al cliente y se reduzcan los costes para el contribuyente.
Los Gobiernos aún podrán adjudicar un contrato de manera directa a un operador, sin concurso, pero para ello deberán asegurar que la decisión se traducirá en mejoras para los pasajeros y mayor rentabilidad del servicio.
Así, los contratos adjudicados sin concurso deberán incluir requisitos de rendimiento --puntualidad y frecuencia de los servicios, calidad del material rodante y capacidad de transporte-- y enmarcarse en las reglas de "minimis", según las cuales el valor medio anual o prestación anual de transporte de viajeros sea "inferior a 7,5 millones de euros ó 500.000 kilómetros, respectivamente".
Además, cualquier compañía ferroviaria podrá ofrecer sus servicios en otros mercados de transporte ferroviario de pasajeros de la UE, aunque los países podrán restringir el acceso de nuevos operadores para mantener un contrato público, siempre que cuenten con un aval del regulador nacional que demuestre la necesidad de limitar la apertura.
Las nuevas normas también apuntan la posibilidad de evaluar los posibles conflictos de interés, con el objetivo de garantizar la imparcialidad de los gestores de infraestructuras y asegurar un acceso equitativo a las vías y estaciones.