El Tribunal de Cuentas explica hoy sus dudas sobre la desinversión parcial de SEPI en Hispasat

El Tribunal de Cuentas presenta este martes en el Congreso el informe de fiscalización en el que cuestionaba la estrategia seguida por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Hispasat tras la toma de control por Abertis de esta compañía en julio de 2013.

Este 'Informe de fiscalización de las operaciones de compraventa de títulos representativos del capital social de empresas de capital mayoritariamente privado realizadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) durante el ejercicio 2013' es uno de los que presentará el presidente del Tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas.

La operación referida por el órgano fiscalizador es la venta de un 16,42% de Hispasat por parte del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 'Esteban Terradas' (INTA) a Abertis, que antes de la compraventa ya controlaba el 40,63% de las acciones de esta compañía.

El tribunal considera "cuestionable la estrategia del sector público estatal" de mantenerse en Hispasat después de la venta, pues la operación "comportaba la pérdida de valor de la participación pública retenida, al haber pasado un sólo accionista a disponer de más del 50% de su capital social".

La venta de toda la participación pública --además del 16,42% mencionado, el Estado controlaba en ese momento más del 9% a través de la SEPI y el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI)-- "habría maximizado el resultado de esta desinversión".

Asimismo, el Tribunal critica que el Estado no haya dispuesto de "una estrategia consistente con relación al proyecto empresarial de Hispasat", al dejar primero su control en manos de Eutelsat y al resto de accionistas privados a finales de los años 90, y retomarlo después con Abertis en 2008.

NO SE EXPLICITÓ EL OBJETIVO DE LA VENTA

Esta operación, cuestiona, no se vio acompañada por otras operaciones de compra de acciones para controlar la empresa, al renunciar a los derechos de suscripción preferente en todas las transmisiones de participaciones de Hispasat que se formalizaron desde la entrada de Abertis en su capital social.

El Tribunal resalta que el Consejo de Ministros por el cual se autorizó la transmisión de participaciones "no explicitó el fin perseguido con la privatización de la participación del INTA en Hispasat". Siguiendo el acta de dicho consejo, el tribunal resalta que "la finalidad de la venta se habría limitado a obtener liquidez para el Ministerio de Defensa".

"Sin embargo", continúa el órgano fiscalizador, "se evidencia en el nuevo acuerdo de accionistas que atribuyó a este Ministerio la facultad de designar a uno de los tres consejeros que se asignaron en el mismo a los accionistas públicos, pese a la salida del INTA del capital social de Hispasat".

UN PRECIO AL LÍMITE DE LA VALORACIÓN MÍNIMA

El informe, recogido por Europa Press, también pone el foco en el precio de venta de estas participaciones a Abertis, que inicialmente ofertó por este paquete de acciones 180 millones de euros: 153,5 millones por el valor de las acciones y otros 26,4 por la prima de control. Este precio otorgaba un valor de empresa de 1.146 millones de euros y un valor de fondos propios de 934 millones.

Sin embargo, tal y como reconoció una de las tres entidades contratadas por la SEPI para valorar la compañía, el multiplicador EV/Ebitda (valor de la empresa/beneficio antes de amortizaciones, depreciaciones, intereses e impuestos) era el más bajo de los aplicados a operaciones de compraventa en la compañía desde 2007.

Así, el valor de la empresa otorgado por Abertis era inferior al valor medio obtenido en la mayoría de valoraciones de las tres entidades contratadas por la SEPI, incluso fuera de la horquilla de valoración estimada por una de ellas.

Sin embargo, la razón por la cual se rechazó esta primera oferta se debió a la inclusión de una cláusula de responsabilidades por contingencias no cubiertas, tras la cual Abertis presentó una nueva ofetrta, que mantenía el precio ofrecido por las acciones pero reducía la prima por asumir el control de Hispasat en 7.500 millones.

SE ACEPTÓ UNA OFERTA SIN REVISIÓN NI VERIFICACIÓN

Esta rebaja, señala el Tribunal, habría comportado la aplicación de un ajuste adicional de 45,6 millones de euros por pasivos derivados de gastos fiscales no reconocidos sobre el valor de la empresa, que se deducía de la propuesta presentada por Abertis.

Este concepto no fue tomado en consideración en las estimaciones de las entidades valoradoras debido a, señala el tribunal, "la insuficiencia de la documentación que se les facilitó a estos efectos y a la falta de detalle de la materialización de los gastos".

Pese a la falta de información de las entidades valoradoras y a la falta de equivalencia entre la cifra de pasivos contingentes estimados por Hispasat --"y la que implícitamente se trasladó a la transacción", advierte la institución--, los responsables de la venta dieron luz verde a esta segunda oferta presentada por Abertis.

Todo ello, señala el Tribunal, "sin someterse previamente a revisión y verificación externa los estados financieros intermedios elaborados a 30 de junio de 2013 que se tomaron en consideración para fijar el precio de las acciones".

PIDE EVITAR UNA MALA INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA SEPI

Por último, el Tribunal de Cuentas dedica una de sus recomendaciones del informe a esta compraventa, pues pide "dejar formalmente sin efecto el acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de junio de 1996" por el cual se establecieron las bases del Programa de Modernización del Sector Público Empresarial del Estado. Según el tribunal, éste se ha visto "superado por la amplia regulación que la Ley del Patrimonio de las Administraciones General del Estado".

"De esta forma se evitaría que pueda instrumentarse indebidamente de nuevo la intervención del SEPI en su condición de Agente Gestor de Privatizaciones en otras operaciones", como la que reconoce en la venta de acciones en Hispasat.

"La intervención de SEPI en una operación que no comportaba la privatización de esta compañía debía haberse llevado a cabo conforme a los procedimientos de enajenación previstos a estos efectos en la LPAP", concluye el órgano fiscalizador.