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El Supremo suspende cautelarmente la multa del Gobierno por pastos a Extremadura, Galicia y La Rioja

La Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha suspendido de forma cautelar los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros del pasado 17 de febrero, en el que exigía a Extremadura, Galicia y La Rioja, entre otras comunidades autónomas, el desembolso de diferentes cantidades en procedimientos de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la UE que afectaban a los fondos agrícolas europeos Feaga y Feder, en concreto al coeficiente de admisibilidad de pastos.
Los pagos suspendidos cautelarmente ascienden a la cuantía de 79,7 millones de euros en el caso de Extremadura; a 7,7 millones en el de Galicia; y a cuatro millones en el de La Rioja, según ha informado el Alto Tribunal en un comunicado.
A la petición de suspensión cautelar del desembolso, instada por las tres regiones, no se ha opuesto la propia Abogacía del Estado en nombre del Gobierno, ya que, según ha precisado en su escrito de alegaciones, ha interpuesto una demanda ante el Tribunal de Justicia de la UE contra la decisión de la Comisión Europea de la que derivan los pagos por considerarla "desproporcionada y no ajustada a derecho".
Debido a la posición de la Abogacía del Estado de mostrar su aquiescencia con la suspensión solicitada, el Supremo ha decidido acordarla sin entrar en mayores análisis sobre la procedencia de la medida cautelar.
De esta forma, los acuerdos suspendidos aprobaron la terminación del procedimiento de repercusión de responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea iniciado a varias regiones en cuya virtud se exigía a los organismos pagadores de las mismas diferentes cantidades en relación con las correcciones financieras incluidas en la Decisión de Ejecución de la Comisión Europea 2016/1059, por la que se excluyen de la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo al Feaga y al Feader.
En el caso de Extremadura, la Comunidad Autónoma a la que se pedía una cuantía más elevada, reclamó la suspensión alegando los "efectos perniciosos" con consecuencias irreparables que tendría este desembolso sobre sus presupuestos, mientras que la Xunta de Galicia y el Fondo Galego de Garantía Agraria defendieron que la denegación de la medida cautelar ocasionaría una "perturbación grave" a los intereses de la región al no poder hacer frente a los pagos debidos a más de 30.000 beneficiarios del fondo en tiempo y forma. La Rioja, por su parte, argumentó el "grave impacto" en las cuentas públicas que tendría el desembolso.
La Sala III del Supremo ha señalado que resolverá en los próximos días otras peticiones similares de suspensión cautelar contra acuerdos análogos del Consejo de Ministros planteadas por otras comunidades afectadas.