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SEPI solicita al Consejo de Ministros la disolución voluntaria de Defex

El consejo de administración de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha acordado solicitar al Consejo de Ministros autorización para la disolución voluntaria de la empresa Defex, participada en un 51% por SEPI y en un 49% por socios privados, según ha informado en un comunicado.
La propuesta procede del Ministerio de Defensa y será elevada al Gobierno por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Según SEPI, la decisión responde a las dificultades de Defex para operar en el mercado como consecuencia del "daño reputacional sufrido" y las medidas cautelares impuestas en la investigación judicial impulsada por la Audiencia Nacional.
Si el Consejo de Ministros aprueba la disolución voluntaria de Defex, se iniciarán los trámites societarios para su disolución y liquidación, la compañía mantendría su personalidad jurídica y concentraría su actividad, en coordinación con las autoridades judiciales, en la terminación de los contratos en curso, la realización de sus activos y el pago de sus deudas, el cumplimiento de sus obligaciones laborales y la liquidación del resto de sus compromisos.
Por otro lado, SEPI asegura que Defex seguirá colaborando con la Justicia hasta que finalicen los procedimientos judiciales, defendiendo su actuación como entidad jurídica frente a "la administración desleal de sus antiguos directivos".
El objetivo de Defex es la promoción y exportación de bienes y servicios españoles y detectar oportunidades comerciales de negocio para los bienes y servicios españoles a través de su red comercial internacional.
En 2015, Defex obtuvo un beneficio de 3,08 millones de euros, un resultado de explotación (Ebitda) de 3,89 millones de euros y una cifra de negocio de 108,41 millones de euros; frente a las pérdidas de 2,12 millones de euros de dos años antes
COMISIONES DERIVADAS A PARAÍSOS FISCALES
Las investigaciones comenzaron en 2012, cuando las autoridades luxemburguesas dieron la voz de alarma a España al preguntar por una transferencia de 41 millones de euros realizada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Defex-Cueto 92, ésta última firma dedicada a la comercialización de armas.
El dinero, según la investigación judicial, formaba parte de una comisión de 70 millones de euros que los responsables de la UTE habían desviado a distintos paraísos fiscales tras firmar un contrato con Angola por 152,9 millones en 2008.
El fiscal anticorrupción Conrado Sáez abrió diligencias tras el aviso de Luxemburgo, aunque el caso no se judicializó hasta junio de 2014, cuando recayó en el juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, que señaló como principales imputados al responsable de Comercial Cueto, Juan Carlos Cueto, y varios directivos de Defex.