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Reyal Urbis acepta la renuncia como consejera de la hija del presidente

Reyal Urbis ha aceptado la renuncia presentada al puesto de consejera ejecutiva de Raquel Santamaría Moliner, hija del presidente y accionista de control de la inmobiliaria, Rafael Santamaría, según informó la compañía inmersa desde marzo de 2013 en un concurso de acreedores.
Santamaría Moliner ha renunciado por motivos personales a su puesto en la compañía, que figura como una de los principales empresas que más debe a Hacienda, según los listados publicados por la Administración.
La vacante en el máximo órgano de gestión de Reyal Urbis tiene lugar mientras el proceso concursal de la compañía está en suspenso por los recursos interpuestos en los tribunales de Justicia.
La inmobiliaria presentó el pasado mes de noviembre un nuevo recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid contra el auto que el juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid emitió en septiembre de 2015 para rechazar la propuesta presentada por la empresa para pagar su deuda de unos 3.500 millones y superar el concurso.
De esta forma, el año en suspenso que la tramitación del concurso de Reyal Urbis ya acumula se alargará aún más, hasta que la Audiencia Provincial se pronuncie.
La inmobiliaria que preside Rafael Santamaría se declaró en concurso de acreedores en marzo de 2013 tras no poder alcanzar un acuerdo con sus bancos para la que hubiera constituido su cuarta refinanciación de deuda.
La quiebra de Reyal Urbis constituyó una de las mayores registradas en el sector durante la crisis, junto a las de Martinsa Fadesa, Nozar, Habitat o Llanera.
La compañía presentó en febrero de 2015 una propuesta de convenio para intentar alcanzar un acuerdo con los acreedores para reestructurar la deuda y superar así el concurso.
En dicho plan, rechazado por el Juzgado Mercantil y actualmente recurrido a la Audiencia Provincial, la compañía planteaba afrontar la deuda de unos 400 millones de que tiene con Hacienda de forma distinta a la que mantiene con la banca.
En concreto, Reyal proponía negociar un acuerdo unilateral con Hacienda sobre un calendario de pago en efectivo a largo plazo. De su lado, a los bancos les ofreció una dación en pago con activos inmobiliarios que contemplaba quitas del 80%.