PSOE presenta una proposición no de Ley para blindar los recursos de las CC.AA. ante el cierre presupuestario

La iniciativa, registrada este lunes por los socialistas en el Congreso de los Diputados, recuerda que los servicios gestores tuvieron el pasado 20 de julio como fecha límite de envío a fiscalización previa de los expedientes de aprobación del gasto a las Intervenciones Delegadas y Regionales y Territoriales.

Además, este lunes se cumplía la fecha límite para dar luz verde a los compromisos de gasto que, habiéndose presentado previamente, estuvieran pendientes de aprobación.

Cerrados estos plazos, el Grupo Socialista alerta de que este cierre "no puede afectar a aquellos recursos económicos que las comunidades autónomas utilizan para la prestación de los servicios públicos fundamentales y que por vía de acuerdo, convenio o cualquier otra fórmula jurídica o económica, perciben del Estado".

Asimismo, los socialistas temen que esta decisión "unilateral e imprevisible" afecte a los compromisos adquiridos con determinadas comunidades autónomas, como Baleares o Extremadura, en materia de inversiones en infraestructuras, reestructuración, modernización y diversificación del sector turístico, investigación, innovación o sociedad de la información".

CUANTAS MEDIDAS SEAN NECESARIAS.

Por ello, la proposición no de Ley insta al Gobierno a "adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar los recortes y limitaciones de gasto que puedan derivarse" del cierre anticipado del presupuesto de 2016.

El PSOE argumenta que las comunidades autónomas, "además de haber soportado el mayor peso del ajuste fiscal realizado los últimos años, son las administraciones que prestan el grueso de los servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y los servicios sociales".

También afean los socialistas al Gobierno en funciones al acusarle de presionar a las comunidades autónomas para compensar "su incumplimiento" del déficit público. Y es que recuerdan que a 30 de junio, las comunidades autónomas tenían un déficit del 0,36% del PIB, la mitad del objetivo del ejercicio (0,7%), mientras que la Administración Central presentaba una desviación de una décima. "El que incumple pretende castigar a las que cumplen", sentencian.