El PSOE pide revisar el contrato de formación y aumentar la inspección para controlar la precariedad

Según denuncia en la iniciativa presentada por la diputada socialista Rocío de Frutos, entre 2012 y 2014 estos contratos aumentaron un 131%, muy por encima del incremento del conjunto de la contratación en ese período (un 18%) y en los primeros seis meses de 2015 crecieron un 23,7% más que en el mismo período del año anterior

Esto se debe, señala el PSOE, a "los importantes beneficios" que supone para los empresarios, pues se bonifican al 100% las cotizaciones a la Seguridad Social y la conversión posterior a contratos indefinidos aun cuando no suponga un incremento de plantilla --propiciando, denuncia, el riesgo de sustitución--. El ahorro en costes salariales, apostilla, "puede llegar al 50%".

"USO FRAUDULENTO" Y "ABUSO" EN SECTORES PRECARIZADOS

El "uso fraudulento" de esta modalidad "permite a la empresa tener los beneficios de un contrato ordinario a jornada completa, con las bonificaciones y el salario de un contrato formativo" pues, además, se eliminó el requisito de que el trabajador careciese de titulación y el límite al número de contratos.

En este sentido, señalan que este tipo de contrato "ha proliferado en sectores ya de por sí precarizados, como la hostelería y el sector servicios", que han realizado un "uso abusivo" del mismo.

Otra de las críticas de los socialistas es el coste que ha supuesto a la Seguridad Social, puesto que además de abonar las bonificaciones, el sistema público también se hizo cargo de los costes de la actividad formativa.

180 MILLONES MENOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL EN 2014

La estimación del Ministerio de Educación, recogida por el PSOE, es que en 2014 la Seguridad Social dejó de percibir 180 millones, suponiendo que todos estos contratos tuvieran formación a distancia, más aún si ésta fuese presencial, y el doble si se contabilizaran las bonificaciones a la cotización.

Por este motivo, inciden en analizar los requisitos personales del trabajador contratado, la formación teórica y práctica, el contenido de los servicios prestados, la relación del tiempo de trabajo y formación, los derechos básicos "más relevantes", las bonificaciones y las consecuencias jurídicas del incumplimiento de las condiciones legales.