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Cañete asegura que España no comercializará alimentos caducados como Grecia

Cañete asegura que España no comercializará alimentos caducados como GreciaEFE

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que España no seguirá los pasos de Grecia, que está poniendo a la venta, a un precio reducido, productos que han cumplido la fecha de consumo preferente, porque la normativa actual no lo permite.

"En España, con la normativa actual, no está permitida la comercialización de productos alimenticios rebasada la fecha de consumo preferente", ha afirmado el ministro esta mañana durante el acto de presentación del programa de Productos Lácteos Sostenibles (PLS).
En este sentido, Arias Cañete ha recordado que existe un decreto, que está en vigor, sobre infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agro-alimentaria del año 1983, concretamente el Real Decreto 1945 que impide la comercialización de productos que han sobrepasado la fecha de consumo preferente.
Por lo tanto, el máximo responsable de Alimentación ha incidido en que el modelo griego no se puede aplicar en España y ha adelantado que el Gobierno español no tiene intención de cambiar esa legislación. "Lo que cada cual haga en su esfera privada es una cosa distinta, pero no vamos a autorizar la comercialización de productos pasada la fecha de consumo preferente", ha concluido el ministro.
Yogures, consumo preferente
El ministro de Agricultura ha recalcado este jueves que "en España los yogures ya no tienen fecha de caducidad, sino que la fecha es de consumo preferente, como en el resto de países de la Unión Europea".
Durante la rueda de prensa, Arias Cañete ha explicado que la exigencia de indicar la fecha de caducidad de los yogures, con el límite de los 28 días desde su fabricación exigida anteriormente para este producto, se derogó mediante Real Decreto que se publicó en el BOE el 29 de marzo del presente año.
El ministro también ha indicado que la nueva norma de calidad del yogur, que se encuentra en estos momentos en tramitación reglamentaria, ya ha sido notificada a la Unión Europea, y el plazo para que la Comisión Europea y los Estados miembros presenten alegaciones vence el próximo 23 de octubre. Una vez que termine este plazo, seguirá su tramitación en España.