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Juez del Supremo llama a limitar a un año el procedimiento 'antiokupas' que tramita el Congreso

El magistrado de la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo Ignacio Sánchez Gargallo ha apostado por limitar a un año el procedimiento especial antiocupación recogido en la proposición de ley para agilizar estos procesos que tramita el Congreso.
Según Sánchez Gargallo, este proceso "se asemeja mucho a un interdicto", un procedimiento judicial rápido por el cual se atribuye la posesión de algo. "Lo que se pretende es que se recupere primero y después juzgar", ha aseverado, señalando que esto se produce "al margen" de la tutela judicial.
Para evidenciar de una manera más gráfica esta similitud con el interdicto, el magistrado ha comparado esta iniciativa como si fuese un líquido y, a renglón seguido, ha bebido un trago de su vaso de agua: "Me sabe a interdicto", ha dicho entre risas.
Por esta razón, ha apostado por que este procedimiento de asignación de la propiedad se limite en el tiempo, acotándose como máximo a un año. "Debe de ser una necesidad inmediata. Si no se reacciona inmediatamente, ¿por qué se pide un procedimiento rápido?. ¿Por qué no lo hizo inmediatamente?", se ha preguntado. "Romper el plazo de un año es lo que veo menos claro", ha resumido.
QUE EL CAMBIO DE OCUPANTE NO DIFICULTE EL PROCESO
Asimismo, Sánchez Gargallo ha destacado que otra de las cuestiones que le sorprende de esta proposición de ley, llevada al Congreso por parte del PDeCAT, es la no inclusión de instrumentos para facilitar el procedimiento en casos de que las personas ocupantes varíen durante este proceso.
Esto supone "un abuso", ya que, ha asegurado, "la rotación hace prácticamente imposible" avanzar en el caso. "Da lo mismo que sea el primero que entró o el que esté. Lo importante es recuperar la propiedad", ha dicho, demandando medidas para evitar la interrupción de estos procedimientos.