Hacienda convoca para este jueves la Mesa General de las Administraciones Públicas

En esta primera convocatoria de la Mesa General se podrían analizar también las conclusiones de las distintas reuniones que se han ido celebrando en los últimos meses de los grupos de trabajo de las administraciones públicas, como la de este lunes, de carácter técnico, del grupo de trabajo de formación.

En la reunión del pasado martes entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos, desde Función Pública comunicaron a las centrales sindicales que la intención es aprobar una oferta de empleo público (OEP) para este año que sea superior a la del ejercicio anterior, con una tasa de reposición superior al 100% de las jubilaciones que se produzcan en los sectores de Educación, Sanidad y Justicia, y del 50% en el resto de ámbitos.

También les comunicaron la intención de llevar a cabo un proceso excepcional que permita reducir la temporalidad del 25% hasta el 8%, en un plazo de 3 o más años, según informaron los sindicatos, que destacaron que la OEP prevista sigue la tónica de la oferta de empleo del anterior ejercicio, aunque tanto CSIF como UGT y CC.OO. defienden la supresión de la tasa de reposición.

Precisamente ese martes CSIF presentará un informe de emergencia sobre el deterioro de los servicios en la Administración General del Estado (AGE) a lo largo de los últimos seis años y presentará un plan de choque para garantizar el futuro y la viabilidad de la Administración, así como las medidas que defenderá en la Mesa General del jueves.

NUEVAS PLAZAS Y RETRIBUCIONES.

En la reunión de este jueves se podría discutir la revisión de las retribuciones, con la intención de tener cerrado el capítulo de personal antes del día 30 de marzo, para la presentación del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE), según apuntaron fuentes sindicales.

El secretario de Organización de la FeSP-UGT, Frederic Monell, subrayó en declaraciones a Europa Press la necesidad de que se convocase la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, ya que en ella se encuentran representados tanto los sindicatos, como la Administración, comunidades autónomas y ayuntamientos.

Monell recordó que en la mesa se abordan problemas que requieren la participación de todos los agentes implicados y que antes de la presentación del proyecto de Presupuestos a finales de marzo existe la obligación de su convocatoria.

Tras la última reunión entre Hacienda y los sindicatos, del pasado 14 de febrero, CC.OO. y UGT enviaron una carta a Montoro en la que le pedían la eliminación de la tasa de reposición y un incremento progresivo de las plantillas, conforme a las necesidades de los servicios públicos en cada administración.

En concreto, tanto UGT como CC.OO. piden a Montoro la convocatoria de al menos 360.000 nuevas plazas y un aumento del salario de los empleados públicos de carácter básico que, como mínimo, supere el IPC de 2017, que el Ejecutivo prevé que se sitúe en el 1,2%.

Asimismo, CSIF reclama eliminar la tasa de reposición para reducir el déficit de 300.000 empleos perdidos desde 2011 y considera que el proceso todavía tiene "muchas incertidumbres", puesto que los Presupuestos no tienen aún el apoyo de una mayoría parlamentaria estable.

En este sentido, Hacienda les trasladó que podría ampliar el listado de ámbitos de la Administración en los que se podrán cubrir todas las plazas de personal jubilado.

El año pasado estos ámbitos fueron: Educación, Sanidad, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, lucha contra el fraude fiscal, Justicia, extinción de incendios, prisiones o servicios sociales, entre otros.

REDUCIR LA TEMPORALIDAD AL 8%.

En lo que se refiere al personal interino, desde el Ministerio de Hacienda se planea realizar un proceso excepcional que permita reducir la temporalidad del 25% hasta el 8%, en un plazo de 3 o más años, en la Educación, la Sanidad y la Justicia, sin hacer mención al resto de sectores, según informó CSIF.

Desde UGT, Monell indicó que una de las posibilidades pasaría por establecer una excepción en la ley de presupuestos para que los limites que fijan la tasa de reposición hasta ahora pudieran no tenerse en cuenta para aquellos sectores que precisen convocatorias de empleo amplias.

Las centrales sindicales denuncian un déficit de 300.000 puestos de trabajo públicos desde 2011 por la no cobertura de jubilaciones, en un contexto, además, que se ve agravado por el envejecimiento de la plantilla pública, ya que el 63% tiene más de 50 años, y en torno a 230.000 se encuentran a las puertas de la jubilación.