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Almunia avisa de que multará a Google si no ofrece concesiones satisfactorias

Joaquín Almunia urge a alcanzar el mercado único energético en EuropaInformativos Telecinco

El vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia, ha avisado este martes de que, si Google no ofrece en las próximas semanas nuevas concesiones satisfactorias para acabar con su abuso de posición dominante, el Ejecutivo comunitario avanzará en el procedimiento sancionador con el envío de un pliego de cargos, último paso antes de imponer una fuerte multa.

No obstante, Almunia ha dado a entender que él no podrá concluir este caso, que se abrió formalmente en 2010, antes del fin de su mandato el próximo 31 de octubre.
Corresponderá a su sucesora, la danesa Margrethe Vestager, dar los siguientes pasos. Entre ellos podría estar, según ha sugerido, la apertura de un segundo expediente sobre el sistema operativo para móviles Android.
El Ejecutivo comunitario rechazó a principios de septiembre el tercer paquete de concesiones ofrecido por Google tras recibir reacciones muy negativas de los denunciantes en el caso y pidió al gigante informático que mejore sus propuestas.
"Si la respuesta de Google va en la buena dirección", Bruselas seguirá intentando cerrar una solución negociada sin multas, ha explicado Almunia en su última comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos de la Eurocámara antes de dejar el cargo.
"Si en un momento determinado, antes del 31 de octubre o después del 31 de octubre, el comisario o la comisaria de Competencia, estiman que no hay posibilidad de obtener de Google las modificaciones y las mejoras de sus propuestas que exigimos para eliminar nuestras preocupaciones, entonces habrá que ir a un pliego de cargos", ha explicado el comisario saliente.
El expediente sobre Google "acabará cuando esté acabada la investigación, pero no tiene fecha", ha dicho Almunia. En este sentido, ha reconocido que está siendo una "investigación larga", pero ha alegado que es "muy compleja", en "un territorio en el que nunca antes la legislación de competencia había tratado de ser aplicada" y sobre "un objeto que se mueve, que cambia la forma de prestar un servicio, que introduce nuevos servicios".
El vicepresidente ha negado además que su decisión de rechazar la tercera oferta de Google, que había respaldado de forma provisional en febrero, se deba a las presiones de los denunciantes, y ha explicado que responde a los argumentos técnicos presentados.
"Por supuesto que hay presiones. No se puede ser comisario de Competencia sin recibir presiones. ", ha apuntado Almunia. "Pero estamos aquí para aguantar las presiones", ha zanjado.
"Rechazo enérgicamente los intentos de transformar la aplicación de las normas de competencia en un debate político ordinario", ha dicho el comisario saliente ante los eurodiputados.
En todo caso, Almunia ha dejado claro que "esta no es la única investigación que va a haber sobre Google, va a haber más, porque hay más problemas en el funcionamiento de Google". "Estamos actuando preparando una posible segunda investigación en relación con el sistema Android", ha confirmado.
Además, el Ejecutivo comunitario estudia una tercera investigación "por distorsión de tráfico en servicios que no son de búsqueda" y no descarta expedientar a Google por beneficiarse de trato ventajoso en el pago de impuestos.
AYUDAS A LA BANCA
Durante su última comparecencia ante la Eurocámara, Almunia ha repasado la actuación de su departamento durante la crisis financiera. Desde 2008, 110 bancos de la UE que representan el 25% de todos los activos han recibido ayudas públicas.
Para 13 de ellos, el Ejecutivo comunitario determinó que la ayuda podía concederse sin condiciones adicionales.
Bruselas ha negociado planes de reestructuración para 52 bancos y ha determinado que 33 entidades debían liquidarse de forma ordenada. Todavía hay 12 casos pendientes.
Los Gobiernos de la UE han inyectado 608.000 millones de euros en los bancos, equivalente al 5% del PIB. Además, concedieron avales por valor de 835.000 millones de euros, cifra que en la actualidad se ha reducido hasta 400.000 millones.
Estas garantías han generado beneficios para los Gobiernos de 38.000 millones de euros y sólo 3.000 millones de las garantías han sido utilizadas por los bancos.