El Gobierno aprueba los convenios con CCAA para el control de la incapacidad temporal por 1.259,17 millones

No obstante, los 1.259,17 millones no tienen en cuenta ni a Ingesa ni a La Rioja porque su nivel de gasto no requiere de aprobación por parte del Consejo de Ministros. Contando con la región y la organización, el importe asciende a 1.271,66 millones de euros hasta 2020, de los que casi 318 millones corresponden a este año.

Los 16 convenios a los que el Ejecutivo ha dado luz verde tienen como objetivo mejorar la colaboración y la coordinación entre los servicios públicos de salud de las comunidades y las entidades gestoras y colaboradoras de la Seguridad Social para controlar de manera eficaz esta prestación sin generar molestias "innecesarias" a los trabajadores.

Todos los acuerdos contemplan un programa de actividades para modernizar la prestación de la incapacidad temporal, al que se supedita el 60% del crédito, y unos objetivos de racionalización del gasto para cada año, a los que se destina el 40% restante.

Como novedad, los convenios autorizados, que cubren hasta 2020, suben al 22% el porcentaje de crédito destinado a la transmisión telemática de partes médicos de baja, confirmación y alta.

Además, se ha incrementará también la formación de los médicos de atención primaria para que conozcan las circunstancias que atañen a la incapacidad temporal como prestación en la que participan los Servicios Públicos de Salud (SPS).

El acceso telemático a las historias clínicas de atención primaria se intensificará y se avanzará en la equiparación en el acceso al historial en atención especializada. "La información de los SPS es básica para que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) pueda conocer las dolencias de los trabajadores y valorar la recuperación o incapacidad de estos", según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La asignación de crédito a la gestión de las propuestas de alta que envían las mutuas colaboradoras a los SPS se verá incrementada con el objetivo de que se impliquen en las valoraciones y racionalicen el gasto.

La meta es asegurar que el gasto del sistema se destina a proteger adecuadamente a los trabajadores que se encuentran incapacitados para el trabajo.