Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

La banca paralizará los desahucios durante dos años en los casos de extrema necesidad

La Asociación Española de Banca (AEB) se ha comprometido a paralizar los desahucios durante los dos próximos años, "en aquellos casos en que concurran circunstancias de extrema necesidad", según ha informado en un comunicado. Este fin de semana Kutxabank fue la priemra entidad en decidir paralizar los desahucios tras el suicidio el pasado viernes de una vecina de Barakaldo. Por otro lado, hoy representantes del Gobierno y PSOE se reúnen con carácter urgente para estudiar medidas que modifiquen la actual legislación y paralizar aquellos desalojos que puedan afectar a las familias más vulnerables.

La AEB señala que ha mantenido diversos contactos con representantes del Gobierno y que el pasado jueves, 8 de noviembre, el presidente de la patronal, Miguel Martín, trasladó al secretario de Estado de Economía y Competitividad, Fernando Jiménez Latorre, este compromiso en nombre de los bancos de la asociación.
La patronal destaca que el contenido de este medida, adoptada por "razones humanitarias y en el marco de su política de responsabilidad social", había sido objeto de un debate "intenso y profundo" de los bancos asociados "a fin de contribuir a paliar la situación de desamparo de muchas personas por causa de la crisis económica".
Con carácter previo al encuentro con el secretario de Estado de Economía y Competitividad, el presidente de la AEB se había entrevistado con la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y el gobernador del Banco de España, Luis Linde, ha sido informado.
Además, la AEB se muestra a disposición del Gobierno, del principal partido de la oposición y del resto de formaciones políticas "para ofrecer su opinión sobre la ordenación del mercado hipotecario a fin de que el mismo pueda seguir satisfaciendo la necesidad primaria de vivienda de los ciudadanos".
Como consecuencia del suicido de Amaia Egaña, vecina de Barakaldo, el pasado viernes el debate sobre los desahucios se ha incrementado y desde diferentes ámbitos de la sociedad se ha pedido al Gobierno y a las entidades financieras que detengan los procesos de desalojo en marcha.
Así, los ministerios de Presidencia y Economía ya tuvieron el pasado viernes un contacto "urgente e inmediato" para ultimar una propuesta de periodo de carencia para evitar desahucios entre los colectivos más vulnerables.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, también se pusieron en contacto con la voluntad de acelerar "al máximo" los trabajos destinados a frenar los desahucios
"Paralización temporal"
Tras estos contactos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó que este mismo lunes se podrían anunciar nuevas medidas en relación a la política sobre los desahucios, como "la paralización temporal" de los que afectan a las familias más vulnerables.
Durante un mitin en Lleida, Rajoy apuntó la necesidad de que se revisen los umbrales de exclusión "para aplicar mejor el código de buenas prácticas", de forma que los colectivos con más dificultades económicas puedan renegociar la deuda y permanecer en la vivienda.
Igual como las quiebras de las empresas
Por su parte, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha propuesto que los desahucios se traten igual que las quiebras de las empresas mediante una reforma de la legislación hipotecaria que permita a las familias con dificultades acudir a procesos concursales negociados con los bancos para evitar la pérdida de su vivienda.
Rubalcaba explicó que dicho mecanismo sería obligatorio para los bancos con ayudas públicas, mientras que al resto de entidades les convendría acogerse a él y llegar a un acuerdo con los propietarios.
El subsecretario de Economía y Competitividad, Miguel Temboury, es el encargado de la coordinación de los expertos elegidos por el Gobierno para estudiar la reforma legal, mientras que la secretaria de Economía del PSOE, Inmaculada Rodríguez-Piñero, coordina a los tres expertos nombrados por los socialistas para abordar el tema.