Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

El Congreso examina el miércoles a Sebastián Albella, propuesto por el Gobierno para presidir la CNMV

La Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados examinará este miércoles a los candidatos propuestos por el Gobierno para ocupar la Presidencia y la Vicepresidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella y Ana María Martínez-Pina, respectivamente.
En concreto, según han informado fuentes parlamentarias, la Mesa y portavoces de este órgano han acordado este lunes citar a ambos candidatos el miércoles a las cuatro y media de la tarde para, tras escuchar sus exposiciones y hacerles las preguntas que consideren oportunas, emitir un dictamen sobre su idoneidad para el cargo.
Si obtienen el aval de la Cámara el Consejo de Ministros podrá hacer efectivos sus nombramientos en una próxima reunión. Albella, 'senior partner' en España del despacho de abogados internacional Linklaters, sustituirá al frente de la CNMV a la exministra Elvira Rodríguez, mientras que Ana María Martínez-Pina, actual presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ocupará el cargo que venía desempeñando Lourdes Centeno.
Rodríguez y Centeno dejaron sus puestos el pasado 6 de octubre al culminar sus cuatro años de mandato, pero el Gobierno no nombró entonces a sus sucesores por estar aún en situación de interinidad. El consejero más antiguo del regulador, Juan Manuel Santos-Suárez, asumió entonces las funciones de ambas, que fueron nombradas asesoras de la institución.
Ni Rodríguez ni Centeno cobrarán por esas labores de asesoría porque ambas percibirán la indemnización por cese a la que tienen derecho por los cargos que han ocupado en el regulador y que consiste en el 80% de su salario durante un máximo de 2 años, el plazo que fija la ley para sus incompatibilidades.