Ciudadanos pide un regulador para los grandes contratos de obra y adjudicar con un "enfoque economicista"

Así se desprende de las enmiendas presentadas por la formación naranja a la nueva Ley de Contratos del Sector Público que se tramita en el Congreso y que, tras la finalización para presentar enmiendas, pasará a debatirse en ponencia y comisión.

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Fomento, Fernando Navarro, ha señalado que la Oficina Nacional de Evaluación contemplada en el proyecto de ley únicamente se limita a concesiones, por lo que su grupo propone que su actividad se extienda a todas las obras de infraestructuras a partir de cierto importe.

"Las decisiones en infraestraestructuras se toman, no tanto por la rentabilidad o valor social, como por el valor político que se extrae. Hay electoralismo en la inversión", apunta Navarro, que cree que hay un coste de oportunidad que se pierde y se incrementa, y que con una agencia independiente que evalúe los proyectos y su funcionamiento, en base a criterios de competencia y eficiencia, se podría "sanear el mercado".

PORCENTAJES DE MODIFICACIÓN "MÁS ESTRICTOS"

"La contratación pública supone casi un 20% del PIB, y hay estudios europeos que calculan que en España hay 43.000 millones de euros anuales desperdiciados por falta de tensión competitiva. Hay que tratarlo como un mercado", considera.

El portavoz de Fomento critica que los problemas de corrupción e ineficiencia en la contratación pública "se hayan atendido por la vía burocrática". "Frente al amiguismo se han puesto trabas y no funciona. Es bueno un cambio de mentalidad y pensar que un mercado será menos propicio a la corrupción y al amiguismo cuanto mejor funcione", señala.

Otra de las enmiendas presentadas por Ciudadanos va dirigida a un reparto de los riesgos a la hora de adjudicar, pues al socializar pérdidas, dice Navarro, la legislación anterior incentivaba "proyectos muy razonables".

Respecto al modificado de los contratos, apuesta por fijar "porcentajes más estrictos", ya que la acumulación que recoge el proyecto de ley presentado por el Gobierno podría llevar el sobrecoste hasta un 115%, denuncia la formación naranja. "No creemos que deba ser superior al 50%", señala Navarro.