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CNMC recomienda mejorar la obtención de información para fijar precios regulados de productos ortoprotésicos

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado, a solicitud del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un informe sobre la determinación de los Importes Máximos de Financiación (IMF) de productos ortoprotésicos en el que recomienda que se mejore el procedimiento de obtención de información fiable para fijar los precios regulados.
Concretamente, aconseja a la Administración competente la realización de un estudio sobre las fuentes de información disponibles que facilite la catalogación de las situaciones y productos que se financiarán y complete su información con fuentes alternativas.
Además, recomienda a la Administración competente que establezca un procedimiento de comunicación "efectivo y veraz" sobre los precios ofertados por los operadores para dificultar la concertación entre las empresas.
El organismo presidido por José María Marín Quemada ha subrayado la necesidad de reducir la falta de información en la determinación de los IMF, ya que la existencia de información asimétrica a favor de los operadores "dificulta la introducción de mecanismos de concurrencia competitiva y reduce la eficiencia en el aprovisionamiento de la Administración".
Por último, el regulador recomienda requerir información a todos los operadores "de forma individualizada e independiente", así como introducir mecanismos que permitan cruzar y contrastar los datos aportados para evitar el riesgo de coordinación entre operadores y "la potencial captura del regulador".
La CNMC considera que el seguimiento de estas recomendaciones "facilitaría precios inferiores y mejores prestaciones en calidad e innovación" y dificultaría la concertación entre empresas.
En opinión del 'superregulador', el proceso de fijación de los IMF, que determinan la cuantía máxima financiable por el contribuyente a través del Sistema Nacional de Salud y fijada para cada tipo de producto, "no otorga confianza legítima" ni a los operadores ni a la Administración en cuanto a su adecuación a la normativa de defensa de la competencia.
Por ello, considera que se requiere "un ejercicio en profundidad de autoevaluación por las partes implicadas", según ha informado en un comunicado.