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CC.OO. y UGT reclaman en el Congreso una renta mínima sin límite temporal para 2,4 millones de españoles

Todos los grupos parlamentarios apoyan debatir la propuesta, que deberá ser votada en el pleno para iniciar su tramitación
Los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, han reclamado este jueves al Congreso que legisle una prestación de ingresos mínimos de 426 euros para más de 2,4 millones de personas, que se prolongaría mientras el beneficiario carezca de empleo y de recursos económicos y supondría un gasto total de unos 12.000 millones de euros.
Los líderes sindicales han comparecido en la Comisión de Empleo y Seguridad Social de la Cámara Baja para exponer los motivos que justifican la presentación de la iniciativa legislativa popular, registrada con 693.000 firmas, y que ha recibido el apoyo de todos los grupos para iniciar su tramitación parlamentaria como proposición de ley y ser debatida en el pleno del Congreso.
La prestación de ingresos mínimos se dirige a 2,4 millones de personas pertenecientes a casi dos millones de hogares, en los que viven en torno a 6,6 millones de ciudadanos que carezcan de recursos económicos y no perciban otras prestaciones.
En concreto, los requisitos de los beneficiarios es que su renta per cápita sea inferior a 5.837 euros anuales y la cuantía de la prestación estaría en el 80 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que al mismo tiempo se complementaría con una dotación anual en los Presupuestos Generales del Estado en función de las cargas familiares.
CUANTÍA "ASUMIBLE" DE 12.000 MILLONES
Para poder sufragar el importe total de la prestación se necesitarían unos 12.000 millones de euros, lo que supone el 1,1 % del PIB, mientras que el coste derivado de los complementos por familiares a cargo se situaría entre el 0,2 % y el 0,4 % del PIB.
Álvarez ha destacado la "gran oportunidad" que supone la ILP de ingresos mínimos, cuya financiación iría vía Presupuestos Generales del Estado (PGE), para abordar el sistema de prestaciones de forma integral.
Asimismo, ha pedido sea una prestación "intransferible e inembargable" y ha defendido su implantación en un contexto en el que se va a acometer el rescate de las autopistas quebradas, que conlleva un coste que supone la mitad de lo que supondría el gasto de 12.000 millones de la prestación.
En este sentido, Toxo ha reconocido que se trata de una cuantía "importante", pero "asumible" si se tiene en cuenta la dimensión de la protección social en España, que gasta "5 o 6 puntos" menos ue la media de países de la eurozona.
Asimismo, Toxo ha criticado que el Gobierno no haya cumplido con su compromiso de elaborar un mapa de las actuales prestaciones sociales y junto a Álvarez ha reclamado a los grupos parlamentarios que debatan la revisión de las prestaciones sociales.
ESTADO DE BIENESTAR "DIEZMADO"
Álvarez ha justificado la necesidad de la prestación señalando los efectos de la crisis han "diezmado" el Estado de bienestar, el nivel de desempleo ha ascendido a unos niveles históricos y se ha producido una caída estrepitosa de la ocupación", y se han realizado modificaciones legislativas que han repercutido en el gasto social, afectando a la cobertura del sistema de garantía de rentas.
En este sentido, ha criticado que las últimas reformas han propiciado el "desquebrajamiento" del mercado laboral, con una tasa de paro del 18,91%, con 4,3 millones de parados de los que 2,1 millones son mujeres, y situándose el desempleo juvenil en el 46,98%.
A esto se suma una tasa de temporalidad del 27%, un desempleo de larga duración que afecta a 1,8 millones de personas desde hace más de dos años, junto a 1,4 millones de hogares con todos sus miembros en paro, han apuntado Toxo y Álvarez.
APOYO PARLAMENTARIO A DEBATIR LA PROPUESTA
Por su parte, todos los grupos parlamentarios han mostrado su disposición a tomar en consideración la iniciativa, que ahora tendrá que ser votada en el Pleno de la Cámara Baja como proposición de ley para poder iniciar así su tramitación parlamentaria.
El portavoz de Empleo del PP en el Congreso, José Ignacio Echániz, ha mostrado su disposición al diálogo de la iniciativa, pero ha advertido de que esta prestación solo podría salir adelante con un incremento de los impuestos o una reducción de los gastos, y que podría comprometer los presupuestos y otras ayudas al Estado de Bienestar
Echániz ha marcado como "única limitación" que no perjudique la buena marcha de la economía, el crecimiento económico, el empleo y no complique los compromisos con Europa, al tiempo que ha compartido la necesidad de un mapa de las prestaciones y ha recalcado la puesta en marcha de la tarjeta social para regularlas.
El portavoz de Empleo del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, ha dado la "bienvenida" a la ILP porque cubre las necesidad des de millones de personas, y ha avanzado que el Grupo Socialista presentará una enmienda para incorporar un aumento de la cobertura social y de la cuantía progresiva de la prestación por hijos a cargo.
Desde Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la diputada Isabel Franco, ha apoyado el establecimiento de una renta básica universal y ha dado las gracias a los sindicatos por su ILP, al tiempo que ha denunciado que "demasiada gente no puede dormir por las noches porque está pensando cómo pagará sus facturas".
El portavoz de Empleo de Ciudadanos en el Congreso, Sergio del Campo, ha aplaudido la iniciativa de los sindicatos, y ha abogado por el establecimiento de una renta activa de inserción vinculada a las políticas activas de empleo, así como avanzar en el Plan de Activacion por el Empleo (PAE).
CRÍTICAS POR EL ÁMBITO COMPETENCIAL
Desde el PNV, Iñigo Barandiaran,ha apoyado el establecimiento de una renta mínima, si bien ha criticado que la vía propuesta por los sindicatos invada las competencias del País Vasco en materia de Seguridad Social, al tiempo que la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha defendido la actuación en esta materia realizada por los ayuntamientos.
A su vez, el diputado de ERC, Jordi Salvador, ha subrayado la necesidad de prestaciones "paliativas" mientras no llegan otros instrumentos, como la reforma del IPREM, y ha aseverado que "cualquier iniciativa que sirva para evitar el sufrimiento de la gente tendrá nuestro respaldo".
Por último, el diputado del PDECat, Carles Campuzano, ha solicitado que la prestación sea gestionada por las autonomías, ya que "no tendría ningún sentido que fuese gestionada por la Administración Central", denunciando la "insuficiencia" del sistema estatal de protección social.