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Bruselas reclama 30 millones a Fiat y Starbucks por recibir ayudas públicas ilegales

La Comisión Europea ha reclamado este miércoles que las multinacionales Fiat y Starbucks devuelvan entre 20 y 30 millones de euros por ventajas fiscales recibidas en Luxemburgo y Países Bajos, respectivamente, al concluir tras una investigación que constituyeron ayudas públicas ilegales.

"Los 'tax rulings' (decisiones tributarias anticipadas) que reducen artificialmente la carga fiscal a las compañías no están en línea con las normas en materia de ayudas de Estado de la UE. Es ilegal", ha declarado la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, tras anunciar la decisión de Bruselas.

"Este mensaje lo van a escuchar los gobiernos de los Estados miembros y las empresas. Todas las compañías, grandes o pequeñas, multinacionales o no, deben pagar su justa parte de impuestos", ha añadido.

En su decisión, la Comisión reclama a Luxemburgo y Países Bajos que recuperen los impuestos perdonados a Fiat y Starbucks. En el caso de la marca italiana, el Ejecutivo comunitario concluye en su investigación que las autoridades luxemburguesas "redujeron indebidamente" la carga tributaria de la compañía en 2012 entre 20 y 30 millones de euros.

Una cantidad equivalente es la que Bruselas considera que Países Bajos permitió una "ventaja selectiva" a Starbucks en su territorio.

Además de reclamar a estos dos países que recuperen entre 20 y 30 millones de euros por subsidios ilegales a las dos empresas, Bruselas advierte de que "ello también significa que las compañías no podrán beneficiarse más de las ventajas en el trato fiscal concedido por estos 'tax rulings'".
La investigación por denuncias en la prensa
Bruselas abrió en junio del año asado tres investigaciones en profundidad contra Irlanda, Holanda y Luxemburgo ante las sospechas de que estos países conceden ventajas fiscales indebidas a las multinacionales Apple, Starbucks y Fiat Finance and Trade.
Esta investigación comenzó después de la publicación de una serie de artículos de prensa que sostenían que determinadas empresas se habían beneficiado de importantes reducciones de impuestos gracias a decisiones anticipadas en materia fiscal (tax rullings) adoptadas por las autoridades fiscales nacionales.
Estas prácticas pueden incluir ayudas públicas ilegales si se confieren ventajas selectivas a una empresa o grupo de empresas determinado.
La comisaria de Competencia, Margrete Vestager, anunció en mayo que Bruselas no había podido recabar la información necesaria en la investigación para cumplir con el plazo comprometido de cerrar la pasada primavera los cinco primeros expedientes (los de Luxemburgo con Amazon y Fiat, el de Irlanda con Apple, el de Holanda con Starbucks y otro en Bélgica).
No obstante, confirmó que aparte de estos cinco expedientes, el Ejecutivo comunitario tiene entre manos "65 casos, que afectan a quince países".