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(Ampl.2) Montoro dice que la rebaja del IRPF y de Sociedades ha superado en 2.500 millones lo estimado

Asegura que no llevarán a las Cámaras un proyecto de Presupuestos que no esté acordado previamente y pide aprobarlo en plazo
La rebaja conjunta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto de Sociedades durante 2015 y 2016 alcanzó los 11.517 millones de euros, 2.500 millones más de lo estimado, según ha informado el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, durante su comparecencia en el Senado.
Durante los dos últimos ejercicios, la bajada de impuestos del IRPF ha sido equivalente a un importe de 8.000 millones de euros, mientras que la correspondiente al Impuesto sobre Sociedades ha sido de 3.452 millones de euros, con lo que la rebaja conjunta supera con creces los 9.000 millones de euros estimados inicialmente.
Por otra parte, ha indicado que la intención del Gobierno es reducir el gasto público sobre el PIB hasta el 41,2% en 2017, frente al 42,5% de 2016, afirmando que esta rebaja es compatible con el aumento del gasto social, que se situará en 191.000 millones de euros este año, una cifra que considera "realmente importante", teniendo en cuenta que, "cuando no había ninguna queja, en 2007, el gasto social era de 138.794 millones de euros".
En concreto, el ministro ha comunicado que en 2017 el gasto público se desglosará en 45.300 millones en educación, frente a los 43.300 millones de 2007, y 68.840 millones en sanidad, frente a los 61.238 millones de ese año.
En su explicación sobre las líneas generales del proyecto del Gobierno, ha reiterado que el objetivo del Ejecutivo es asegurar el crecimiento económico y crear dos millones de empleos en toda la legislatura, lo que permitiría que al final de la misma "se haya vencido definitivamente la peor crisis económica de la historia de España".
En este sentido, ha señalado que las medidas de reducción del déficit público, que deberá reducirse en 16.000 millones de euros en 2017, representan "un esfuerzo estructural suficiente" para asegurar la senda de estabilidad hasta 2020.
En cuanto a la valoración de la Comisión Europea, que dio el visto bueno al plan presupuestario presentado por España aunque con una desviación de dos décimas del objetivo de déficit en 2017 (3,3% frente al 3,1% acordado), ha celebrado que el Ejecutivo comunitario haya dicho que es "factible" reducir el déficit al ritmo que pretende el Gobierno "sin tomar medidas adicionales".
Además, el ministro de Hacienda y Función Pública ha puesto de manifiesto los "buenos niveles de confianza" en la economía española, a pesar de que la deuda pública registra máximos históricos. Así, destacó que los inversores internacionales siguen invirtiendo en títulos españoles y pagando intereses por ello, lo que consideró un reflejo de que España es "un país merecedor de esa confianza".
Montoro también se refirió al último cambio del Impuesto sobre Sociedades, con el que el Gobierno quiere recaudar 4.500 millones de euros más por la mayor tributación de las grandes empresas para cumplir el objetivo de déficit. "Si no le pedimos este esfuerzo a las grandes empresas, ¿a quién se lo pedimos?", se preguntó, tras indicar que son las que más capacidad económica tienen y negar que ello cree inseguridad jurídica.
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA.
Sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, apuntó que el Gobierno y las comunidades autónomas se han puesto de acuerdo para que en el plazo de un mes se ponga a trabajar el Comité de Expertos que hará una primera propuesta, aunque afirmó que la "propuesta final" tiene que ser de carácter político y corresponderá al Gobierno y al Consejo de Política Fiscal y Financiero (CPFF). Además, indicó que la nueva financiación autonómica tiene que ir en paralelo a la financiación local.
Montoro señaló que la reforma de la financiación autonómica solo será posible desde el entendimiento. "Desde el CPFF podemos votar, pero lo que se vota no tiene rango de ley, tenemos que coincidir, porque si no, los acuerdos que alcancemos con otros órganos no serán suficientes (para la aprobación de la reforma)", ha advertido.
En materia de funcionarios, Montoro indicó que el Gobierno está dispuesto a modificar las tasas actuales de reposición a medida que se identifiquen determinados servicios públicos que son "insuficientes", siempre y cuando, precisó, no suponga incrementar el capítulo uno de los Presupuestos, referido a gastos de personal, sino aprovechando la modernización de las administraciones públicas.
PRESUPUESTOS PARA 2017.
Por último, en cuanto a la negociación para aprobar nuevos Presupuestos para 2017, el ministro insistió en que son absolutamente necesarios y además añadió que deben aprobarse "en plazo", ya que no tiene sentido que en los meses de verano se estén aún debatiendo las cuentas de este año cuando ya tiene que estar aprobado el techo de gasto para 2018.
"Es fundamental llevarlos adelante y llevarlos en plazo", reiteró Montoro, tras preguntarse si es posible iniciar una legislatura sin actualizar el presupuestos del Estado. "¿Ha ocurrido alguna vez en España o en alguna democracia?", se preguntó el ministro, quien añadió que España puede ser "muy original", pero que no contar con nuevos Presupuestos sería "confuso" en términos de estabilidad política.
Dicho esto, afirmó que el Gobierno no va a llevar a las Cámaras un proyecto de ley de Presupuestos que no esté previamente acordado, ya que un hipotético rechazo de dicho proyecto generaría desconfianza en la economía española, por lo que aseguró que el Ejecutivo hará todos los esfuerzos para buscar el acuerdo. "No nos podemos permitir el lujo de no tener Presupuestos", indicó.
Ante las críticas de algunos grupos sobre los recortes, el ministro se defendió asegurando que el gasto público representaba el 30,9% del PIB en 2007, antes de la crisis, y ahora supera el 42%, por lo que negó que el Gobierno esté llevando a cabo recortes. "Confundir recortes con que el gasto público crezca menos que la actividad económica, es un error de concepto (...). No estamos reduciendo el gasto en términos absolutos", subrayó.
También se defendió de los reproches sobre la escasa lucha contra el fraude asegurando que el Gobierno está elaborando una nueva ley de lucha contra el fraude, que entre otras medidas incluirá limitar a 1.000 euros los pagos en efectivo, y añadió que las medidas actuales están dando resultados "muy positivos", aunque admitió que pueden mejorarse y así se hará. Asimismo, negó que exista impunidad con los defraudadores fiscales.
CRÍTICAS DE LOS GRUPOS.
Respecto a la financiación autonómica y local, el senador de Ciudadanos Francisco Javier Alegre Buxeda ha denunciado que "los ayuntamientos son la cenicienta del sistema tributario español" y que el sistema tributario de los entes locales "todavía pertenece al régimen anterior con algún lavado de cara".
Por su parte, el senado de Convergència i Unió Josep Lluís Cleries i Gonzàlez ha señalado que el FLA "es la demostración de que la financiación autonómica no funciona", ya que Cataluña "ha tenido que endeudarse para hacer frente a sus competencias". En este sentido, ha denunciado que algunas comunidades tienen independencia financiera, mientras que otras tienen "absoluta dependencia" de las decisiones económicas del Estado.
El senador de Podemos Ferran Martínez Ruíz ha puesto en duda el crecimiento económico anunciado por el ministro, al que acusa de concentrarse en muy pocas manos y no llegar a la mayoría de la gente, que continúa empobreciéndose.
En esta línea, el senador socialista Juan María Vázquez García ha afirmado que España saldrá de la crisis cuando se recupere el PIB y el crecimiento previo a la misma. "No podemos hablar de recuperación mientras que todos en este país no recuperen lo que han perdido", ha advertido.