(Ampl.) El Gobierno retrasa una semana examen en el Congreso de la reforma de la estiba

El Gobierno ha decidido aplazar una semana el debate y votación en el pleno del Congreso del Real Decreto Ley de reforma del sector de la estiba, inicialmente previsto para este jueves 9 de marzo, y contra el que el viernes arranca un calendario de huelgas en los puertos, según anunció el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Con esta medida, Fomento pretende dar "una nueva oportunidad" a la negociación entre patronal y sindicatos, con el fin de que un acuerdo entre las partes lleve a los grupos parlamentarios a respaldar una reforma a la que urge Europa y puede suponer una sanción a España. Por el momento, el Ejecutivo no tiene respaldo de ningún grupo de la Cámara Baja.

El anuncio del ministro tiene lugar mientras la patronal Anesco y los sindicatos de estibadores (Coordinadora de Trabajadores del Mar, CC.OO., UGT, CIG y USO) han anunciado que volverán a reunirse este miércoles, día 8, con la mediación del presidente del CES, Marcos Peña.

La garantía del empleo y las condiciones laborales de los estibadores constituye la principal demanda de los sindicatos ante la reforma, bien mediante la subrogación de los trabajadores o la constitución de un registro profesional. Se trata de una demanda que, según Fomento, Europa no permite incluir en el Decreto Ley y que, por eso, debe tratarse en negociación colectiva.

Asimismo, también se realiza a cuatro días de que el viernes empiece un calendario de paros en los puertos, que se extenderá durante dos semanas, con el consiguiente impacto en la economía.

No obstante, De la Serna considera que el acuerdo "es posible" y que en esta próxima semana que concede antes de la convalidación de la reforma "hay margen más que suficiente" para que el sector alcance un acuerdo sobre el mantenimiento del empleo.

"Si hay voluntad de llegar a acuerdo, y si lo que de verdad buscan es la garantía del empleo, y no otras cosas como mantener el antiguo 'statu quo' del sector, hay margen más que suficiente esta semana para lograrlo", remarcó el ministro que, además, confirmó la intención del Gobierno de colaborar en la consecución del pacto.

AYUDA DEL GOBIERNO.

Así, De la Serna confirmó que el Gobierno está dispuesto a "ayudar" a lograr un acuerdo en torno a la garantía de los puestos de trabajo "articulando instrumentos legales con que cuenta el Ministerio de Empleo".

"Se trata de un gesto más de la voluntad del Gobierno y su convencimiento de que es posible lograr un acuerdo con garantías para el empleo en el sector de la estiba", remarcó de la Serna antes de participar en un acto sobre movilidad juvenil.

Así, el titular de Fomento fijó los próximos siete días como fecha máxima para que los agentes del sector logren un acuerdo sobre la reforma, que considera a su vez llevaría a los grupos parlamentarios a apoyarla para aprobarla en el pleno.

LLAMADA A LOS GRUPOS POLITICOS.

"Es importante que tanto los grupos políticos como los sindicatos sean conscientes de que, como todos saben, el acuerdo es posible si hay voluntad", insistió.

"Si en esta semana no se logra un acuerdo sobre el mantenimiento del empleo, entonces es que se busca otra cosa, es que no hay voluntad de alcanzarlo o que lo que se pretende es mantener el 'statu quo' que el sector tenía hasta ahora", reiteró el titular de Fomento.

"Con ello se ahorraría además muchos millones de euros a los bolsillos de los españoles", añadió en referencia a la sanción que el Tribunal de Justicia de la UE puede imponer a España por contravenir su normativa con la actual legislación de la estiba. Se trata de 134.000 euros diarios hasta que la adapte, que se sumarían a los 21,3 millones ya acumulados desde el primer pronunciamiento, realizado en diciembre de 2014.

El conflicto de la estiba coincide con la visita que estos días realiza a España la comisaria de Transportes de la UE, Violeta Bulc, quien, según el ministro, "está al tanto" de la evolución del asunto. Además, asegura que ha ratificado lo que ya comunicó hace unos días por carta, esto es, en la necesidad de aprobar cuando antes la reforma en los términos legales en los que está para evitar dicha multa.