(Amp.) Ordóñez, Restoy y Segura no deberán declarar tras los correos que advertían de insolvencia en BFA

La CIC, personada en la causa como acusación popular, solicitó estas declaraciones al entender que los correos electrónicos del que fuera jefe de la inspección de Bankia, José Casaus, desaconsejaban la salida a Bolsa de BFA-Bankia y avisaban de su insolvencia.

No obstante, el magistrado considera que las decisiones de gestión son "exclusiva responsabilidad" de los órganos de administración y dirección, en este caso, los consejos de administración de Bankia y su matriz. En su opinión esta decisión fue "perfectamente legítima" aunque érronea y no debe ser objeto de investigación penal.

El magistrado explica que los Consejos de Administración de BFA y de Bankia decidieron, entre las distintas alternativas posibles, cuál debían adoptar "en el marco de sus exclusivas competencias". En concreto lo hicieron en las reuniones celebradas el 28 de junio de 2011.

Hace constar, además, que en este procedimiento no se investiga si la decisión de salida al parquet de la entidad fue acertada o, como premonitoriamente indicaba José Antonio Casaus, errónea. Tanto el instructor, como la Sala de lo Penal, han encuadrado las conductas en el Código Penal y delimitado la investigación a averiguar si se falseó la información económica financiera contenida en los folletos de emisión o las informaciones que la sociedad debía publicar y difundir conforme a la legislacion del mercado de valores.

CARÁCTER INFORMAL Y ESPONTÁNEO

En su auto, el juez añade también que, junto al carácter informal y espontáneo de los emails de Casaus, existen cauces oficiales y administrativos para que los inspectores puedan exponer sus apreciaciones en la labor de seguimiento y supervisión de la entidad.

Se refiera a los llamados "informes de seguimiento" en donde se expresa, " con el debido rigor, el resultado del trabajo de la Inspección del Banco de España desplazada a Bankia". De estos , que ya obran en autos, no se desprende, como tampoco se puede derivar de los correos electrónicos, "que los altos funcionarios del Banco de España o de la CNMV participasen de forma dolosa por acción u omisión en el delito que es objeto del presente procedimiento".

El juez recuerda que no puede exigirse la garantía absoluta de que no se produzcan decisiones erróneas en los distintos sistemas. Pero la mera existencia de disfunciones no constituye, per se, título de imputación suficiente para reclamar una responsabilidad de carácter penal.

Andreu rechaza también el resto de solicitudes de testificales de la CIC que también le solicitó que citase al jefe de grupo a cargo de la supervisión de BFA-Bankia en el momento de su salida a Bolsa, Pedro Comín, al ex subgobernador del supervisor Javier Arístegui, el exdirector general de Supervisión Jerónimo Martínez Tello.

En la lista de peticiones figuraban Mariano Herrera García-Canturri, miembro de la Dirección General de Supervisión del Banco de España y al director del Departamento de Cajas de Ahorros en el Banco de España, Pedro González.