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Nueve detenidos por corrupción en Lanzarote

Mapa localizador de LanzaroteCNN+
El magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Arrecife, en Lanzarote, ha decretado la detención de nueve personas, entre los que se encuentran políticos, funcionarios y empresarios de la isla, por unos presuntos delitos de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, exacciones ilegales y contra la ordenación del territorio.
Entre los detenidos se encuentran el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Arrecife, José Miguel Rodríguez, del Partido Independientes de Lanzarote (PIL), y al concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Ubaldo Becerra, del PIL.
Precisamente a esta formación pertenece Dimas Martín, actual presidente honorífico del partido, que ha vuelto recientemente a la cárcel de Tahíche, después de que el pasado 6 de mayo un juez le retirara el tercer grado penitenciario por no haber hecho frente a los 2,4 millones de euros de responsabilidad civil al que fue condenado por un delito de malversación de caudales públicos y delitos contra Hacienda y la Seguridad Social.
Además, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha confirmado la detención de dos funcionarios de dicha entidad local. Según han confirmado fuentes cercanas al caso, la Policía Judicial está recopilando información de los ordenadores y se han llevado en varios vehículos a Elena Martín, hija de Dimas Martín y jefa del departamento de Contratación del Consistorio; al jefe de la oficina técnica, Rafael Arrocha; y a la secretaria del Ayuntamiento de Arrecife.
Por último, el TSJC ha indicado que también se ha detenido a un ex presidente del Cabildo Insular de Lanzarote y a varios empresarios. El operativo se ha llevado a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que ha procedido a la entrada y registro en el Ayuntamiento de Arrecife y su oficina técnica, así como otras entradas y registros en empresas y domicilios de los principales imputados, previa autorización judicial.
Así, el Ayuntamiento, donde gobierna el Partido Socialista Canario (PSC-PSOE) y su socio de gobierno, el PIL, está "blindado" por los agentes, que han cerrado las puertas al público. La operación policial ha causado gran expectación mediática y decenas de ciudadanos se agolpan en las inmediaciones de la institución local.