Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, analizar y personalizar tu navegación, mostrar publicidad y facilitarte publicidad relacionada con tus preferencias. Si sigues navegando por nuestra web, consideramos que aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración u obtener más información aquí.

El Gobierno garantiza 90 obras del Museo de Budapest que se expondrán en el Thyssen con 413 millones de euros

El Consejo de Ministros ha autorizado la concesión de la garantía del Estado a 90 obras para la exposición 'Obras maestras de Budapest. Del Renacimiento a las Vanguardias' que tendrá lugar entre el 18 de febrero de 2017 y el 28 de mayo de 2017 en el Museo Thyssen-Bornemisza. El valor económico total de las obras para las que se autoriza la garantía del Estado asciende a 413.360.000 euros.
Se trata de una exposición, comisariada por Guillermo Solana y Mar Borobia, que mostrará por primera vez en España una destacada selección de pinturas, dibujos y esculturas procedentes de las colecciones del Museo de Bellas Artes de Budapest y de la Galería Nacional de Hungría.
En concreto, son 90 obras de escuelas como la italiana, alemana, flamenca o española, desde el siglo XV al XX, que incluyen grandes nombres de la historia del arte como Durero, Leonardo da Vinci, Rubens, Velázquez, Tiepolo, Cézanne y Manet, además de interesantes ejemplos de artistas húngaros.
La garantía pública estatal es un sistema establecido en España y otros países, a través del cual el Estado asume el compromiso de asegurar las obras de relevante interés cultural que se presten para exposiciones celebradas en museos de titularidad estatal frente a la posible destrucción, pérdida, sustracción o daño que puedan sufrir en el periodo comprendido entre el acuerdo del préstamo y el momento de devolución de la obra al prestamista-titular de la misma. Se trata, pues, de un sistema de aseguramiento público que opera como alternativa al tradicional seguro privado.
El otorgamiento de esta garantía no implica un coste inmediato, se trata del compromiso que adquiere el Estado, en tanto que asegurador, a hacer frente a un pago en caso de que uno de los bienes culturales resulte dañado. Desde que la garantía del Estado fue implantada en España en 1988 nunca ha habido un incidente que haya obligado a conceder la indemnización correspondiente