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USCA recurre ante el Tribunal Supremo los decretos de estado de alarma y militarización

USCA recurre ante el Tribunal Supremo los decretos de estado de alarma y militarizaciónCuatro/CNN+
Según fuentes del sindicato, que agrupa al 97% de los casi 2.400 controladores que AENA tiene en plantilla, los asesores jurídicos del sindicato tienen "serias dudas" sobre la legalidad tanto del procedimiento seguido como sobre los cuerpos legales en los que se ha apoyado el Gobierno para dictar sendos decretos.
Respecto a estos recursos, el portavoz de USCA, Daniel Zamit, ha explicado a las puertas de la Fiscalía de Madrid, donde este jueves han comenzado a declarar los controladores aéreos, que se ha recurrido al Supremo "vista la situación de militarización que se ha decretado sobre los profesionales del control aéreo, que impide toda actuación de tipo sindical".
En este sentido, Zamit ha añadido que se ha planteado al Supremo que requiera de la junta directiva de USCA "la prueba legal necesaria" para poder demostrar que la decisión de recurrir estos decretos ya ha sido tomada.
"El Supremo debe requerir que se ha tomado la decisión de recurrir y debe dar traslado a las autoridades competentes en ese caso", ha concluido Zamit, en referencia al Gobierno y a los Ministerios de Fomento y Defensa.

En concreto, el sindicato de los controladores ha recurrido el decreto que permitió la presencia de los militares en las torres de control de los aeropuertos españoles, aprobado el viernes 3 de diciembre por el Consejo de Ministros y que entró en vigor a las 21.30 horas, después del cierre del espacio aéreo provocado por el abandono de los puestos de trabajo por parte de los controladores.
En segundo lugar, USCA ha recurrido el decreto aprobado el sábado 4 de diciembre por el Consejo de Ministros que declaró el estado de alarma, contemplado en la Constitución, para restablecer el transporte aéreo después del caos provocado por los controladores.
Sin embargo, el sindicato no ha recurrido el Decreto Ley aprobado el viernes por la mañana por el Consejo de Ministros que estableció el nuevo marco legal para la modernización y liberalización de la gestión de los 47 aeropuertos que integran la red de AENA, y que provocó la reacción de los controladores.