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Piden la dimisión del delegado de Gobierno por dar una orden "ilegal"

PolicíaCuatro
El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) cree que el delegado del Gobierno en Baleares, Ramón Socías, debe dimitir o ser cesado porque dio una "orden ilegal" al pedir que los detenidos por el caso 'Palma Arena' fueran esposados en su traslado a los Juzgados.
La orden transmitida verbalmente por Socías es "ilegal" para el SUP, por ser contraria a una instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad (12/2007) sobre las personas detenidas o bajo custodia policial.
Dependía de la Policía

Esta instrucción establece que "es el policía quien debe decidir, en función de las circunstancias concurrentes, la forma de realizar el traslado, respetando los derechos de las personas detenidas o bajo custodia policial".
Pero además, según el sindicato, son también "responsables indirectos" el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, y el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, al no haber establecido un protocolo de actuación que impida que cualquier político pueda dar una orden contraria a una instrucción escrita.
No basta con una sanción
En relación a la decisión del comisario jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de asumir la responsabilidad de no haber advertido explícitamente que los detenidos no fueran esposados, el SUP señala: "No es aceptable una sanción por un error involuntario cuando hay una confesión de haber dado órdenes ilegales o cuando menos contrarias a las normas escritas".
Añade además que si se produce el cese del comisario debe producirse tras los del delegado del Gobierno y del jefe superior de Policía de Baleares El sindicato entiende que no existe responsabilidad disciplinaria, por acción u omisión, en ningún miembro de la Policía y, de haberla, debe centrarse en el jefe superior de Policía de Baleares.
Por haber dejado pasar a los medios
Sí procede, sin embargo, abrir una información sobre el responsable del servicio de seguridad del centro judicial de Palma, donde se permitió el acceso de los medios de comunicación al interior del aparcamiento judicial para captar las imágenes de los detenidos.
El SUP entiende que existen responsabilidades por omisión en el ámbito político y judicial, y considera que la solicitud del líder del PP, Mariano Rajoy, de "resolver el asunto haciendo responsable a un policía no es coherente".