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El PSOE cree que cargar el bono social a todas las empresas del sector dará seguridad jurídica

El PSOE considera que su propuesta de que todas las empresas que desarrollan actividades en el sector eléctrico se encarguen de la financiación del bono social dará seguridad jurídica al nuevo mecanismo y reducirá las opciones de que pueda ser recurrido con éxito ante los tribunales por las compañías, indicó a Europa Press la secretaria socialista de Cambio Climático y Sostenibilidad, Pilar Lucio.
La propuesta del PSOE, que cuenta también con el apoyo de Podemos, implica que no solo las comercializadoras de electricidad, ya sea de mercado o reguladas, asuman los cerca de 190 millones anuales de coste del bono social, sino que lo hagan también las empresas con actividades reguladas, entre ellas las que realizan actividades de generación, transporte o distribución.
Para Lucio, esta medida sería "más razonable" y "aportaría más seguridad jurídica". "Lo que nos importa es que se resuelva la financiación del bono social y que se tramite como proyecto de ley", lo que permitirá a su grupo parlamentario ofrecer aportaciones. añadió.
'Cinco Días' y 'El Confidencial' adelantan este miércoles que el PSOE y Podemos quieren ampliar a todas las empresas con actividades en el sector la financiación del bono social, lo que haría también partícipes a compañías como REE, Acciona o Abengoa, aparte de Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo.
El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, presentó recientemente en el Congreso la propuesta del Gobierno para financiar el bono social mediante las aportaciones de todas las comercializadoras, tanto de mercado como reguladas.
De esta forma, el Gobierno prevé aplicar un nuevo mecanismo que sustituya al anterior, anulado por el Tribunal Supremo y por el que las empresas con actividades verticalmente integradas deben financiar la ayuda.
A finales de noviembre, el Pleno del Congreso aprobó sin votos en contra una moción en la que insta al Gobierno a prohibir los cortes de suministro energético a personas en situación de vulnerabilidad sin dirigirse a los servicios sociales, tras recabar Unidos Podemos-En Comú-En Marea el apoyo del PSOE, ERC, PNV y PDECat en una enmienda transaccional, apoyada por Ciudadanos. El PP no quiso votar en contra y optó por la abstención.
Según el texto, el Congreso reconoce la energía "como un bien público y común" y por este motivo se insta a establecer "garantías para que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura y demás servicios energéticos esenciales".
La enmienda transaccional aprobada también llama a impulsar una "tarifa asequible y progresiva según los niveles de renta", que sería sufragada por las compañías eléctricas, la liquidación de los Costes de Transición a la Competencia (CTC) --estimados en más de 3.500 millones de euros--, una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico y una específica del déficit de tarifa.
Asimismo, entre otras cuestiones, insta a modificar el IVA para aplicar tipos reducidos a electricidad, gas y agua, y exige a las compañías publicar trimestralmente el número de hogares que no pueden abonar las facturas energéticas y que se ven afectados por la interrupción del suministro.