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Ortega no paró el 9N al estar en manos de la "sociedad civil" cuando el TC lo suspendió

La exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega ha justificado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que el Govern no detuvo la consulta sobre la independencia del 9N de 2014 porque, cuando el Tribunal Constitucional (TC) la suspendió cuatro días antes, la organización ya estaba en manos de la "sociedad civil", han informado fuentes judiciales.

Lo ha dicho en un interrogatorio como imputada este martes durante algo más de una hora, y se ha negado a responder a los fiscales y a la acusación --sólo lo ha hecho al presidente del tribunal y a su abogado--.
Ortega ha insistido en que el 4 de noviembre ya no había nada que suspender porque el control de la Generalitat sobre lo que ha denominado proceso participativo ya había acabado.
Pese a decir que eran los voluntarios los que se encargaban de la organización, ella sí ha asumido la responsabilidad en el dispositivo logístico y también que compareció el mismo 9N en rueda de prensa para informar del resultado del proceso, porque era un "acto histórico" del que cree que el Govern tenía el deber de informar.
Al preguntársele sobre la puesta en marcha de una página web sobre las votaciones --participa2014--, Ortega ha explicado que, cuando el TC suspendió la consulta, no cancelaron la web porque era complejo: según ha explicado, se había alojado en servidores situados en diferentes partes del mundo con el fin de dificultar ataques informáticos.
No responde al Fiscal
Como hizo la consellera Irene Rigau en su interrogatorio por la mañana, Ortega ha explicado que, cuando el TC suspendió la primera consulta convocada, ordena cancelarla, pero que luego lo que se inicia es "un proceso diferente" que dejan en manos de voluntarios, y que ha denominado proceso participativo.
Ha utilizado también la misma argumentación que Rigau para defender su negativa a responder a los fiscales --entre los que estaba el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada--, en el sentido de que consideran que la querella que presentaron fue "una imposición" de la Fiscalía General del Estado, ya que en un principio los fiscales catalanes defendieron en un informe que no apreciaban delito de desobediencia en la consulta del 9N.