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Francia expulsará a los rumanos que practiquen "mendicidad agresiva"

El Gobierno francés ha desmantelado un total de 128 campamentos ilegales y expulsado a un total de 977 inmigrantes de etnia gitana hacia sus países de origen del este de Europa desde el pasado 28 de julio, según los datos que ha dado a conocer este lunes el Ministerio del Interior.
En el último mes, "128 campamentos ilegales ocupados por ciudadanos rumanos o búlgaros han sido desmantelados y evacuados" después de que el presidente, Nicolas Sarkozy, diera instrucciones de que se desmantelaran alrededor de 300 campamentos de este tipo, la mitad de los que se estima hay en el país.
Asimismo, "977 gitanos presentes en nuestro territorio han sido acompañados de vuelta a sus países de origen, esencialmente Rumanía", se ha precisado desde el departamento que dirige, Brice Hortefeux. Por su parte, el titular de Inmigración, Eric Besson, ha aclarado que desde principios de año se ha expulsado a más de 8.200 gitanos a Bulgaria y Rumanía, mientras que en 2009 la cifra total fue de 11.000 expulsiones y ha puntualizado que del total de expulsiones en el último mes, sólo 151 no han sido voluntarias.
"Se trata de una aceleración de un proceso recurrente", ha reconocido Besson este lunes en rueda de prensa, mientras que en la misma Hortefeux ha dejado claro que, pese a las críticas que está recibiendo el Gobierno francés, "estas operaciones van a continuar ya que son legítimas y necesarias".
"Proteger a los fanceses"
Según el titular de Interior, el principal objetivo de estas expulsiones es "proteger a los franceses de la seguridad". Así, ha señalado que los actos de delincuencia perpetrados por rumanos en París han aumentado un 259 por ciento en el último año y medio. "Actualmente, en París, la realidad es que uno de cada cinco robos lo perpetra un rumano" y que, ha añadido, "uno de cada cuatro robos cometidos por menores es obra de un menor rumano"
Asimismo, propondrá que se sancione con la devolución a su país de origen a aquellas personas que "representen una carga poco razonable para nuestro sistema de asistencia social". "Los ciudadanos europeos no gozan de una libertad de residencia sin límite en el seno de la UE", ha defendido Besson.