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El Consejo de Estado cree que los padres deberían ser informados si sus hijas menores abortan

El Consejo de Estado ha avalado la constitucionalidad de la reforma de la ley del aborto que promueve el Gobierno, aunque planteará al Ejecutivo algunas modificaciones. Entre éstas, según fuentes conocedoras de las deliberaciones, destaca la de diseñar alguna fórmula para que los padres de las chicas menores de 16 años sean informados de la decisión de éstas de interrumpir voluntariamente su embarazo.
Con este dictamen del Consejo de Estado,órgano consultivo del Gobierno, el anteproyecto de reforma de la ley de aborto obtiene 'luz verde' para que sea elevado al Consejo de Ministros y a continuación pueda iniciarse su tramitación en las Cortes.
El dictamen sobre el texto, que no es vinculante, fue elaborado por la Sección Tercera del Consejo de Estado, presidida desde el mes de mayo por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, ex diputado de UCD y Alianza Popular y ponente de la Constitución Española. Este texto fue respaldado por la Comisión Permanente del Consejo de Estado, compuesta por otros siete consejeros, el secretario General y el presidente del Consejo, Francisco Rubio Llorente.
El CGPJ no se puso de acuerdo
El informe resultante, que no tiene carácter preceptivo, fue requerido tras la ausencia de dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que por primera vez en sus casi 30 años de historia no informará una ley propuesta por el Gobierno porque el pleno de la institución no logró consensuar una postura sobre el texto.
El anteproyecto también encontró trabas en la Fiscalía General del Estado, cuyos vocales decidieron remitir al Gobierno dos informes, uno votado por mayoría y contrario a la Ley y otro, con los votos particulares, entre otros, del Fiscal General, Cándido Conde-Pumpido, que sí es favorable a la iniciativa del Ejecutivo.
Fuentes del Ministerio de Igualdad explicaron que "aunque el informe no es preceptivo" se consideró "oportuno" por la trascendencia de la reforma solicitar la opinión al Consejo de Estado, entre cuyas competencias está la de "ser oído en cualquier asunto en que, sin ser obligatoria la consulta, el Presidente del Gobierno o cualquier Ministro lo estime conveniente".