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Condenada a 8 años de inhabilitación la "número dos" del PSM por prevaricación

Trinidad Rollánpsoe.es
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a ocho años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación a la ex alcaldesa de Torrejón de Ardoz y secretaria de Organización del PSM, Trinidad Rollán, por votar a favor de un convenio urbanístico en 2001 que contaba con un informe negativo.
El Alto Tribunal ha impuesto la misma pena a los concejales Francisco Martín Rojas y a Valentín Gómez Morán. El TSJM también ha condenado a siete años de inhabilitación a Esperanza Rozas; Francisco Martín Rojas; Julia López Jiménez; María del Mar González Romero; Josefina Ginovart Amorós; María de los Desamparados Gallego Alfaro; y Francisco Montero Almirón, imputados en la causa, informó hoy el presidente del tribunal, Francisco Javier Vieira.
El PSM recurrirá ante el Tribunal Supremo
El PSM ha anunciado que recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo. La ex Corporación Municipal de Torrejón de Ardoz fue juzgada en el mes de diciembre por el TSJM. El teniente fiscal Carlos Ruiz de Alegría pedía para todos los imputados ochos años de inhabilitación por la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y Patrimonio Siglo XXI para la construcción de unas viviendas sociales, ya que consideraba que, al salir adelante, se había incurrido en un delito de prevaricación.
Durante el proceso, Rollán recalcó que el secretario municipal en ningún momento intervino en el Pleno para hacer constar que había elaborado un informe contrario a la legalidad del convenio a votar, así como de su contenido.
Además, indicó que no tenía constancia de que ese informe estuviera incluido en el expediente y en la carpeta de los puntos a debatir en el Pleno del 26 de noviembre de 2001, algo que también declararon otros acusados como el ex concejal de Urbanismo y actual portavoz socialista, Francisco Martín Rojas, y Julián López Jiménez.
A preguntas del fiscal sobre si tenía conocimiento de la ilegalidad del convenio, Rollán reseñó que "en ese momento no había motivo de dudar de la legalidad del expediente", puesto que había sido planteado por el concejal de Urbanismo en la comisión previa y en la reunión de grupos municipales, a lo que se añadía los informes técnicos que avalaban la firma.