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La Audiencia Nacional no investigará al juez Velasco tras la excarcelación de Aranalde

La Audiencia Nacional no investigará la actuación del juez Eloy Velasco en el caso de la etarra Maite Aranalde ya que considera que tanto la resolución del magistrado de dejar a la miembro de ETA en libertad, tras el pago de una fianza, como la tomada posteriormente por Baltasar Garzón,que ordenó su inmediato ingreso en prisión, "se ajustan a la Ley, gusten o no gusten", ha indicado el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, en declaraciones a los medios de comunicación.
Juanes ha informado a la Sala de Gobierno, compuesta por los presidentes de las salas de lo penal, lo social, lo contencistoso-administrativo y tres magistrados electos, sobre los acontecimientos sucedidos en los últimos días y que han desembocado en la huída de la etarra Maite Aranalde.
Así, la Sala de Gobierno ha concluído, tras recabar toda la información disponible desde el momento en que la miembro de ETA fue entregada a la Audiencia Nacional, donde tenía pendientes dos causas por tenencia de explosivos y estragos, por las autoridades francesas, que no se han producido anomalías en el funcionamiento "sin perjuicio ni invasión de lo que pueda considerar al respecto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)".
Resoluciones "motivadas"

Los magistrados que componen este órgano han decidido por unanimidad que las resoluciones de Velasco y Garzón, realizadas en forma de autos, "están motivadas y corresponden a criterios legales de los jueces y por ello la Sala de Gobierno no tiene competencia para cuestionarlas".
La falta de documentación sobre la presunta participación de la etarra en la colocación de bombas en 2004 provocó que sólo pudiera abordarse su relación con la acumulación de dinamita, cuestión que recayó en el juez Eloy Velasco, en sustitución de su compañero Baltasar Garzón que estaba en ese momento de vacaciones.
Velasco decidió imponer a la etarra una fianza de 12.000 euros para eludir la prisión. El pago de esta cantidad por parte de su familia provocó su inmediata liberación de la cárcel de Soto del Real, el pasado jueves.
La Fiscalía recurrió
El viernes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió la decisión de Velasco y pidió que se impusieran a la etarra mayores medidas cautelares para evitar su huída, entre ellas vigilancia policial permanente y comparecencias diarias en comisaría.
Esta petición del Ministerio Público no fue resuelta hasta el lunes, al regreso del juez Garzón que decidió revocar la libertad y ordenó su inmediato encarcelamiento. No obstante, cuando las Fuerzas de Seguridad se dirigían a cumplir la orden del juez, comprobaron que la etarra no se encontraba en su domicilio. Su búsqueda durante todo el lunes y la mañana del martes resultó infructuosa, lo que obligó a Garzón a dictar una orden de busca y captura en su contra, al considerar que se había dado a la fuga.
Simplificación de los trámites
Como consecuencia, la Audiencia Nacional propondrá al Gobierno que modifique la normativa que rige las Órdenes Europeas de Detención (OEDs), durante el primer semestre del próximo año, momento en el que el Ejecutivo asumirá la presidencia de la UE.
Según explicó Juanes, la propuesta se basará en una simplicación de los trámites que propicie una entrega en bloque de los miembros de ETA y otros delincuentes reclamados por España y detenidos en el extranjero.
Así ya no sería necesario documentar cada una de las investigaciones abiertas en el país que reclama al presunto criminal y se evitaría, en opinión de Velasco, las dilaciones "basadas en recelos de unos Estados contra otros".