Hace más de tres semanas que Diario De pudo confirmar a través de una colaboradora que se infiltró como enfermera, que la residencia Trinidad de Las Palmas maltrataba sistemáticamente a los ancianos residentes, explotaba a los trabajadores y que no disponía de los permisos necesarios para esa actividad, según confirmó además una Inspección del Gobierno canario.
Tras la emisión del reportaje la Consejería canaria confirmó que la residencia estaba cerrándose, pero que el problema era que los ancianos, al ser ésta una residencia privada, tenían que ser retirados por sus familiares.
Sin embargo, el equipo del programa ha confirmado que tanto la Consejería como el dueño de la residencia mienten y, de hecho, la residencia sigue abierta y contratando nuevos trabajadores. Porque a los que había, los han despedido.
Uno de los ex trabajadores que han denunciado, Ibán Rivero Rodríguez, ya a cara descubierta, se sincera con Mercedes Milá y cuenta que el dueño intentó que firmaran un papel autoinculpatorio en el que dejaban claro que fueron ellos los responsables de administrar medicamentos caducados a los ancianos. Al negarse a firmarlo, fueron despedidos. Nueve trabajadores amenazados por el dueño y que ahora ven cómo rescinden sus contratos por denunciar el maltrato a los más indefensos.
Algunos familiares de los ancianos, absolutamente indignados, intentan conseguir una explicación a las puertas de la residencia. Pero claro, nadie les atiende. Es más, el dueño aparece en su todoterreno pero al ver las cámaras de Diario De da media vuelta y se marcha.
Nadie entiende que la residencia siga abierta, el dueño de "la residencia de los horrores" siga ejerciendo como dueño de un negocio que ni de cerca es el apropiado para él, que los trabajadores estén siendo despedidos y que la Consejería dé largas como respuesta.
El equipo de Diario De seguirá investigando y no descansará hasta que la residencia ilegal y clandestina de Las Palmas esté cerrada, los ancianos estén a salvo, el dueño cumpla ante la justicia, los trabajadores sean resarcidos, la Consejería dé explicaciones y los familiares puedan a tener a los suyos, sanos y salvos, de vuelta en su hogar o en otro geriátrico o residencia digna.