"Yo detecte que había un colectivo de personas, que eran mujeres, que estaban fuera del sistema, no tenían ningún tipo de protección. Detecté, sin embargo, que los empresarios de los locales de alterne y la prostitución tenían una normativa, como en Cataluña, para la expedición de permisos de apertura sin ningún problema. Además, detecté que los diarios de máxima tirada de este país están cobrando cantidades ingentes por anuncios sexuales… y a partir de ahí pensé: Aquí hay algo que no funciona", explica la magistrada.